Vuelta a las cuotas en ochenta intentos

Argel Gómez

El pasado 29 de abril se realizó un diálogo entre estudiantes y autoridades de los 41 posgrados de la UNAM debido a una serie de cobros de colegiaturas en varias maestrías y doctorados, así como por diversos servicios.

Se había acordado, por demanda estudiantil, realizar el diálogo centrando el debate en la legalidad y legitimidad de estos cobros. Como ha ocurrido en otras ocasiones, las autoridades recurrieron a viejos reglamentos universitarios y los estudiantes a leer la Constitución, que (todavía) garantiza la gratuidad de la educación que imparte el Estado. Una vez más se debatió si la Universidad es parte del Estado (un disparate sostener hoy en día que no es así) y si la autonomía universitaria faculta a la institución a darse leyes ignorando o interpretando a modo la Carta Magna (otro intento leguleyo).

Sin embargo, sobre la legitimidad las autoridades no pudieron esgrimir ningún argumento. ¿A qué se debe esto? ¿Dónde hunde sus raíces la legitimidad de medidas como esta por parte de la autoridad? Sin duda se trata de una construcción histórica, pues tanto en términos jurídicos como políticos, la legitimidad requiere una obediencia o aceptación mayoritaria (sin coacción) a algún acto o precepto realizado en el tiempo. Justo lo que no ha ocurrido con las pretensiones de cobrar por la educación en la UNAM.

La historia es larga. En un esfuerzo de síntesis, se puede decir que la intención de cobrar la educación en la UNAM (que en términos prácticos significa actualizar los 20 centavos que establece el Reglamento General de Pagos de 1966) se remonta a los primeros años de introducción de las políticas “modernizadoras” (hoy conocidas como neoliberales) a mediados de los años 80. El primer intento corrió a cargo del rector Carpizo. En un entusiasmo reformador desbordado, el rector suprimió el pase automático del bachillerato a la licenciatura, estableció exámenes departamentales y modificó el Reglamento para cobrar cuotas en el posgrado y otros servicios estudiantiles. Las reformas propuestas generaron uno de los más potentes movimientos en esa década en la Ciudad de México. Los estudiantes ganaron un amplio consenso en un diálogo público con las autoridades, llenaron el Zócalo en varias ocasiones (algo que los estudiantes no hacían desde el 68) y se fueron a huelga. Finalmente se suspendieron las reformas y se acordó realizar un Congreso Universitario. En este inédito ejercicio democrático que vivió la UNAM en 1990, se rechazó por segunda ocasión la pretensión de cobrar cuotas.

Apenas un año después, el rector Sarukhán hizo el tercer intento. Las autoridades universitarias gastaron miles de pesos en una campaña publicitaria para conseguir el consenso entre los universitarios y lo único que lograron fue que salieran a la calle más de 60 mil estudiantes rechazando las cuotas. El rector tuvo que dar marcha atrás.

El cuarto intento fue en 1999. El rector Barnés convocó a escondidas al Consejo Universitario y aprobó la modificación del Reglamento General de Pagos. El resultado es conocido. Un mayoritario movimiento estudiantil rechazó la medida y estalló una huelga que duró 10 meses y que terminó con la suspensión de la reforma, la entrada de la Policía Federal a Ciudad Universitaria y la detención de alrededor de mil estudiantes. Nunca había estado en riesgo el futuro de la Universidad Nacional como en aquellos días. A pesar de excesos y desatinos del movimiento estudiantil, el estudio histórico deberá asentar que quien desde el pensamiento mas dogmático pretendió alargar el conflicto con tal de imponer a cualquier costo su punto de vista, fue el rector, que terminó renunciando.

En esta ocasión las cuotas se han comenzado a cobrar sin modificar el reglamento y sin aviso previo. Como quien dice, por la puerta de atrás.

Se trata de cobros semestrales a 3 mil 800 estudiantes de distintos posgrados (uno de cada cuatro de sus estudiantes); de distintos montos, pero que en total ascienden a 28 millones de pesos por concepto de cuotas al año, más 11 millones que se cobran por distintos servicios. Según informaron las autoridades universitarias, estos ingresos representan apenas el 0.06% del presupuesto con el que cuenta la universidad.

Pero en el reciente debate surgieron dos nuevas circunstancias. Por un lado, algunos coordinadores de posgrado se expresaron en contra de las cuotas, y por otro, los representantes del rector argumentaron que las cuotas no resuelven ningún problema presupuestario. La vieja disciplina en la burocracia universitaria se vio fracturada y un argumento estudiantil fue retomado por las autoridades. Es un avance.

Sin embargo, las principales autoridades universitarias siguen empecinadas en sostener estos cobros ilegales y niegan que las cuotas signifiquen la privatización de la educación pública. Las experiencias en otros países latinoamericanos -donde las políticas neoliberales han avanzado más agresivamente en el terreno educativo-, muestran que las cuotas han alterado la función de las universidades públicas al ser un nuevo terreno para el lucro y el abandono estatal. En esta privatización los administradores y los bancos que otorgan créditos para pagar las cuotas, han salido beneficiados.

Un daño social que el movimiento estudiantil en México no ha permitido en 30 años de luchas.

Imagen: phimariana.wordpress.com