De Michoacán a Chiapas: dos caras de la misma violencia

Michoacán y Chiapas, son dos estados que se encuentran separados aproximadamente, por más de 1400 kilómetros, pero al mismo tiempo, están íntimamente relacionados por la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, que mantienen a sus habitantes paralizados por el miedo de perecer en cualquier momento. Al mismo tiempo, las dos entidades presentan interesantes similitudes en cuanto a al fenómeno que las aqueja. Algunas de las cuales permiten comprender el origen y la dinámica, que subyacen tras la situación de inseguridad que las gobierna.

Misma violencia, múltiples protagonistas

En los últimos meses, diversos municipios michoacanos, como Coalcomán, Tepalcatepec y Aguililla, se han enfrentado a bloqueos carreteros y enfrentamientos armados entre grupos criminales rivales, subsumidos bajo el avance imparable del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), esto ha motivado la intervención de diferentes autoridades religiosas, por ejemplo, la visita de Franco Coppola, nuncio del Vaticano, en abril de este año, así como el mensaje enviado por el Papa Francisco a través del Obispo de Apatzingán.

Por otro lado, recientemente en Chiapas, pobladores de 86 comunidades distintas, llegaron a Pantelhó, municipio ubicado a más de 60km de San Cristóbal de las Casas, tomaron el control de la cabecera municipal, después de saquear e incendiar viviendas y vehículos, bajo el contexto de la búsqueda de sicarios pertenecientes al grupo de “Los Herrera” y sus colaboradores, creado por Austreberto Herrera Abarca y continuado por sus dos hijos, Dayli de los Santos y Rubén Estanislao, acusados de atacar a los pobladores de la región. Esta ofensiva contra los delincuentes es encabezada por las autodefensas identificadas como “El Machete”.

Ubicaciones estratégicas

Con sus 58,599 km² de extensión territorial, Michoacán ocupa un sitio clave en la geografía nacional. Además de ser un paso obligado dentro de la ruta del trasiego de la droga hacia Estados Unidos, el puerto de Lázaro Cárdenas, también es una puerta internacional para la recepción de cocaína, metanfetaminas y marihuana, sobre todo las provenientes de Asia y Sudamérica. Igualmente, la entidad forma parte de la llamada “Tierra Caliente”, integrada por Guerrero y Oaxaca, área que también se caracteriza por la producción y distribución de droga.

Mientras tanto, Chiapas posee una mayor extensión territorial, con 73,311 km², y del mismo modo, ha sido sacudido por su ubicación estratégica, situado a 655km de la frontera con Guatemala, otra entrada para la recepción de armas de fuego, drogas, inmigrantes y trata de personas. En las últimas semanas, la violencia se ha recrudecido, principalmente por los ataques entre tres organizaciones criminales que se pelean por el control de la entidad, las cuales son el CJNG, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, mismas que provocaron bloqueos carreteros, enfrentamientos contra las fuerzas armadas, confinamiento forzoso e incluso, son acusadas de coaccionar el voto en las pasadas elecciones. Casi lo mismo que sucede en Michoacán.

Ante la violencia desatada por el narcotráfico y la poca o nula respuesta gubernamental, un paliativo para mitigar esta situación fue la conformación de los Grupos de Autodefensas y Guardias Comunitarias, lideradas por cuadros de la sociedad civil, como en principio lo hizo el médico michoacano José Manuel Mireles Valverde y Estanislao Beltrán. Dichas autodefensas, de carácter fundamentalmente reactivo, además de llenar el vacío de las autoridades, representan una amenaza para la seguridad nacional, ante un posible separatismo que pudieran encabezar, al menos así lo visualizaron dentro de la Agenda Nacional de Riesgos (ANR), elaborada por el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Guerrillas y Autodefensas: amenazas para la unidad nacional

A diferencia del caso michoacano, en Chiapas, las autodefensas quedan en segundo lugar cuando se recuerda el papel que ha desempeñado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien irrumpió en la escena política desde el primero de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Meses atrás, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, arrancó su campaña en dicho estado, prometiendo apoyos para los campesinos, mostrándolos como uno de los pilares en los que se concentró el proyecto salinista, y en el que se concentraría su gobierno, heredero del anterior. Como sabemos, el alzamiento guerrillero de los zapatistas, demostró todo ello no fue más que propaganda, y los indígenas chiapanecos se encontraban en un total y absoluto abandono.

Las acciones militares de la guerrilla, incentivaron la autonomía de diferentes comunidades, quienes bajo el apoyo de bases zapatistas, establecieron los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), en lugares como Ocosingo y San Andrés Larrainzar, donde la promoción de la educación y la salud son una prioridad.

Para la academia este tema no le es ajeno. Salvador Maldonado Aranda, investigador del Colegio de Michoacán, quien publicó el artículo académico titulado: Stories of Drug Trafficking in Rural México: Territories, Drugs and Cartels in Michoacán, en el que aborda las grandes transformaciones en la zona sur de la entidad y como se puede entender su economía local, que pasó de ser mayormente rural a integrarse a las grandes ligas del mercado de los narcóticos. Hecho que también ocurrió en la zona norte del país, donde se tiene documentado que algunos de los créditos rurales que se han brindado, fueron empleados para financiar el cultivo de estupefacientes.

El origen del problema

Igualmente, el autor examina el tema en dos dimensiones: un plano económico-político sumado a las políticas de reestructuración social, que hicieron posible el desarrollo del mercado de las drogas, por otra parte, la transformación que produjo la adopción del modelo neoliberal, hacia finales de la década de 1980, y su impacto en los estratos más bajos de la población. Puesto que, frente al vacío de poder dejado por el Estado, los grupos criminales fueron llenándolo hasta apoderarse casi por completo de él, sobre todo si entendemos a los carteles de la droga, como un Protoestado que otorga ciertas necesidades básicas, como fuentes de empleo y prosperidad económica.

Es decir, que el abandono estatal producido por un viraje en el modelo económico nacional, repercutió mayormente en aquellas comunidades rurales, que históricamente dependieron de apoyos y programas gubernamentales para salir adelante, se vieron obligadas a emigrar hacia los Estados Unidos, o bien, enrolarse en las actividades delictivas. Asimismo, desde la década de los 80s, Michoacán se sumergió en una ola de violencia causada por las alianzas y traiciones entre diversas agrupaciones delincuenciales. Como resultado de ellas, durante las últimas cuatro décadas, dicho estado de la república no consigue pacificarse. En Chiapas, la situación es casi la misma.

Datos obtenidos por informes de inteligencia generados por la fiscalía general del Estado (FJE), fueron recabados y publicados por Infobae, quien establece la disputa entre “Los Viagras” y el CJNG, quienes a su vez tienen alianzas con otros grupos, algunos de ellos son “Cárteles Unidos”, “La Nueva Familia Michoacana”, “Los Caballeros Templarios”, “Blancos de Troya”, “Los Locos de la Sierra”, “Los Justicieros”, “Tercera Hermandad”, “Los Vengadores”, “Grupos Iris”, “Los metro” y “Caballeros de Élite”, solo por mencionar algunos.

Gobernado los últimos cuatro lustros por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PRI, a Silvano Aureoles, gobernador en turno, solo se le ocurrió “denunciar” internacionalmente la injerencia del narco en la política, hasta que fue derrotado su partido en los comicios pasados. En tanto que Chiapas también ha sido gobernado durante los últimos años por el revolucionario institucional y su satélite, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) además del partido del sol azteca. Solo hasta 2018, cuando Rutilio Escandón ganó la gubernatura representando el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Pacificar al país: ¿tarea imposible para la 4T?

Es curioso notar que la misma entidad donde Felipe Calderón inició su “guerra contra el narcotráfico”, desplegando el Operativo Conjunto Michoacán en 2006, sea la misma que en este momento arde por la guerra desatada entre los criminales que la mantienen secuestrada. Esto habla de que durante el sexenio calderonista, no solo no se combatió al crimen organizado, sino que se le permitió arraigarse todavía más, completando el panorama de horror que contemplamos en los medios.

A Chiapas y Michoacán los une el abandono del Estado y la infiltración total del crimen organizado en sus administraciones, convirtiendo sus territorios en espacios del narco, dejando completamente desamparadas a sus poblaciones. Y a pesar de que el gobierno federal avanza en la conformación de la Guardia Nacional, parece que la narcopolítica es una cuestión estructural muy compleja de desmantelar. Todo un reto para la estrategia de seguridad de la 4T. Así, en tanto que no haya medidas verdaderamente eficaces para pacificar el país, seguiremos presenciando impactantes noticias de desesperación y muerte.