Maten al Candidato: México 2018

Cronotopos

El debate había terminado, las instalaciones en Piedras Negras, de la Universidad Autónoma de Coahuila, habían sido testigo de ello. Como cada evento político, a la salida, diferentes personas se agolpaban para estar un momento con Fernando Purón Johnston, —hasta entonces, candidato a Diputado Federal, por el Distrito 1 de la coalición “Todos por México” –. Es de noche, y las cámaras de video-vigilancia no permiten distinguir a quienes se encuentran a su alrededor, aprovechando la situación, de entre las sombras emerge un sujeto, (barbado y con gorra), que se acerca por detrás del candidato, le apunta a la cabeza y dispara.

Son las 21:57 horas del viernes ocho de junio, cuando el estruendo de una bala, puso fin a la candidatura de Purón Johnston, quién desde ese momento, pasaba a engrosar las cifras de los candidatos asesinados, en los últimos meses.

Según se dijo, el móvil de su asesinato, pudo estar orientado por su clara convicción política de hacer frente al crimen organizado, especialmente al cártel de los zetas, ya que, en varias declaraciones, el candidato, mantenía un discurso de combate y enfrentamiento, contra la delincuencia predominante en aquel estado.

Hasta ahora, mucho se ha hablado sobre las elecciones, que se encuentran ya, a la vuelta de la esquina, sabemos que serán históricas, por el alcance de las repercusiones políticas que tendrá, pero también, pioneras en una nueva forma de entender las elecciones en México: mediante la intervención del crimen organizado durante su desarrollo.

Cada vez más, es alarmante observar el grado de capacidad táctica de la delincuencia; desde su infiltración en diversas instituciones de gobierno, hasta su deseo por disputar políticamente el avance de los comicios, todo ello bajo un común denominador: su margen de acción se encuentra operando, a nivel municipal, y en algunos otros casos (pero en menor medida) a nivel estatal.

El asesinato de candidatos políticos, no es un tema nuevo, tan sólo desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y, hasta 2004, fueron ultimados más de 696, todos ellos, militantes del entonces recién fundado Partido de la Revolución Democrática (PRD). Para principios de milenio, “él Sol Azteca” había documentado los arteros crímenes en contra de sus miembros.

Como vemos, las diferencias entre esas ejecuciones, y los de ahora, radican sustancialmente, desde las causas originales de los crímenes, hasta en la cobertura mediática de hoy en día, así como en la reconfiguración de la estructura del crimen organizado. Lo primero, prueba patente de que el régimen priista, aún en sus últimos años de vida, continuó reprimiendo a diestra y siniestra, deshaciéndose de cualquier enemigo político, lo segundo, evidencia que los medios digitales funcionan como una herramienta eficaz a la hora de comunicar, puesto que la rapidez a la que viaja el internet, le da la oportunidad de documentar en tiempo real cualquier tipo de situación, a medios de comunicación o personas. Pero, sobre todo, muestra la evolución que ha tenido la delincuencia organizada, en su afán de penetrar en las estructuras del poder gubernamental.

La respuesta oficial, ha sido demasiado tibia, en su última rueda de prensa, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida se limitó a informar datos duros acerca del caso, mostrando que, hasta el 27 de mayo de este año, fueron ultimados 34 candidatos en 11 entidades, específicamente en los estados de Guerrero, Guanajuato y Puebla. Sin embargo, más que cifras, el titular de Gobernación tuvo que aceptar (parcialmente) un “secreto” a voces: en la mayoría de los casos, la delincuencia organizada participó. Síntoma de la carencia de eficacia con la que se maneja la cartera encargada de la seguridad nacional del país.

Extraoficialmente, datos proporcionados por la consultora privada Etellekt, son 112 los políticos asesinados, además de 400 agresiones a candidatos y políticos, desde septiembre del año pasado.

Luego entonces, más allá de “informar” algo que todos identificamos, pero que el gobierno se niega a ver, la incompetencia del Estado Mexicano—tal vez accidental o quizá bien intencionada—resulta más que evidente. Como algunos saben, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, brindar la seguridad correspondiente a los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, en sus diferentes niveles de gobierno, en coordinación con otras instituciones relacionadas con la materia.

Por ejemplo, a nivel federal, depende del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la seguridad de cada uno de los candidatos presidenciales, trabajo que, en meses anteriores, desató las críticas y burlas de candidatos, medios y personas en general, a raíz de un “percance” con el candidato Ricardo Anaya.

Desde que en 1985 se disolvió la Dirección Federal de Seguridad (DFS)—temible policía política del régimen priista, durante sus mejores años—a causa de una corrupción imperante, y demasiados casos de infiltración del narcotráfico, muchos de sus miembros pasaron a la clandestinidad de la delincuencia; varias generaciones después, el germen que alimentó al crimen organizado (la Federal de Seguridad), evolucionó hasta lo que hoy por hoy, llamamos narcotráfico, él mismo que intenta aprovechar las elecciones actuales, para volver al sendero de la legalidad.

Esta vez, bajo sus propias reglas.