El cónclave papal de la Junta de Gobierno

Es por todos sabido que el sistema de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es antidemocrático, hay quienes mencionan que se compone de tres tipos de gobierno: oligárquico -una Junta de Gobierno (J de G) integrada por 15 académicos-, monárquico -representado por el Rector-, y democrático -el Consejo Universitario (CU), al ser electos los estudiantes, profesores, investigadores, administrativos y técnicos académicos por voto universal, directo y secreto-, aunque yo lo denominaría como semi-democrático, pues una buena parte del CU se compone por los consejeros ex officio, esto es, los directores de escuelas, facultades e institutos designados por la J de G. Otros lo definen eufemísticamente como meritocrático. El gobierno de los sabios, de los más preparados.

Como quiera que sea, hablar sobre la J de G no es fácil. Bien pudiera tratar de ser políticamente correcto o hasta políticamente cómodo, situarme en un discurso incendiario y dedicarme sólo a vituperar sus principios filosóficos sobre los cuales se sentaron las bases de la Ley Orgánica de 1945 -vigente, íntegramente hasta nuestros días- sintetizada en una dicotomía ciertamente falsa: academia versus política. Como si fuese posible pensamiento alguno inmaculado, por causa y efecto, de una postura del mundo. No nos engañemos, el supuesto destierro de la política del campus universitario, supuso el secuestro de la misma para unos cuantos.

Una revisión histórica nos otorga una lectura más completa. El último conflicto que pusiera en crisis a la universidad derivado de una sucesión de Rector, fue en 1944, cuando hubo dos candidatos que empataron en la votación de las academias mixtas. La votación entonces, era indirecta, participaban en ella estudiantes y académicos. Así había quedado plasmado en la Ley Orgánica de 1933, cuando la universidad obtuvo su autonomía absoluta, y se le quitaba su carácter de nacional. Su nombre quedó por casi once años como Universidad Autónoma de México (UAM). El Estado mexicano se desentendió de su financiamiento al menos formalmente, pues se decía que la institución era enemiga de la Revolución.

Los dos aspirantes a rector llevaron a la UAM a huelga. El Presidente Ávila Camacho hizo público un ultimátum con la amenaza de cerrar la universidad si no se ponían de acuerdo. Por eso, cuando Alfonso Caso asume provisionalmente la rectoría, propone una Ley Orgánica con la intención de dotar de gobernabilidad a la universidad como su principal objetivo; para erradicar de una vez y para siempre, los conflictos con motivo de las sucesiones a Rector. Objetivamente, lo logró. Desde entonces, la máxima casa de estudios no ha estado exenta de crisis, huelgas, agitaciones, pero ninguna de éstas por una disputa por la rectoría. El precio que se ha pagado es la exclusión de la comunidad en la toma en el proceso de designación.

Aquí entra otro tema bastante polémico: definir si esa estabilidad ganada en cada sucesión, ha vacunado a la UNAM de una excesiva politización en su vida académica. Dudar que hay intereses políticos en la academia, a estas alturas, resulta de una ingenuidad candorosa, pero también es cierto que no es una institución que haya envilecido su espíritu, por lo que dudar de su prestigio académico -el cual tuvo su repunte a partir de los años cuarenta, conocidos como los años dorados de la universidad-, es absurda necedad.

La discusión de la reforma universitaria, que incluye invariablemente el de la reforma democrática, tuvo su cenit en la década de los setenta. Después de la intensa politización de los estudiantes, en los sesenta, que miraron hacia dentro de sus instituciones para transformar y subvertir la realidad toda. En algunos casos como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la izquierda consumó una reforma democrática a fondo, donde actualmente se elige al Rector por voto universal, directo y secreto, por lo que la pregunta obligada es: ¿Cuál ha sido el saldo académico y político de esa universidad?

Discurrir normativa e históricamente acerca de los distintos modelos de gobierno universitario, nos obliga a diferenciarlo respecto del debate que debe darse para una República. Es un craso error no reconocer la particularidad del ethos académico que debe regir el espíritu del sistema de gobierno de una institución educativa como la UNAM, signado por sus tres tareas sustantivas (docencia, investigación y difusión de la cultura) que definen y constituyen su esencia, aunque tampoco son un fin en si mismo, sino que es en relación con su carácter nacional y como bien publico, en la concreción de su compromiso social cuando adquiere sentido toda su labor. Todo lo anterior nos obliga a reconocer su particularidad política.

La designación de Rector que lleva acabo la J de G es opaca para la mayor parte de los universitarios, lo que ha devenido en una crisis de legitimidad en las estructuras de gobierno de la UNAM desde hace varias décadas. La huelga de 1999 tuvo su mayor arraigo después de la cuestionadísima votación en el Pleno del Consejo Universitario del 15 de marzo de ese año, cuando se aprobó el incremento de las cuotas, no menos por la forma completamente antidemocrática como se realizó aquella jornada, que por la demanda estudiantil sobre la gratuidad educativa. Quienes dirigen la institución lo saben, por eso promovieron la última reforma importante al Estatuto General de la UNAM, en el 2011, lo cual amplió la representación de diversos sectores en el CU. Reforma por demás limitada, dirigida desde arriba, que fungió más como paliativo que solución real, al problema de la demanda de una mayor participación de la comunidad en las decisiones de la institución.

En efecto, “la realidad es un claroscuro de verdad y engaño” como dice Karel Kosik. Ni las apologías ni las diatribas acerca del papel que desempeña la J de G agotan su labor, ni mucho menos abonan a un discernimiento crítico, ante los hechos en puerta. Ahora que ese órgano de gobierno lanza la convocatoria para los aspirantes a Rector para el periodo 2015-2019, de la mayor casa educativa del país, estamos obligados a debatir, pensar y posicionarnos acerca de su sistema de gobierno, sin complacencias y al mismo tiempo sin apasionamiento acomodaticio, si lo que deseamos es poner en el centro de la agenda pública, la transformación, defensa y consolidación de nuestra universidad, más allá de la coyuntura mediática.

Los momentos para debatir y transformar la Universidad Nacional han sido pocos. En los setenta se debatió fuerte, a profundidad, pero no hubo condiciones para modificar en lo general, sus órganos de gobierno; en 1990 se efectuó un Congreso Universitario, producto de la huelga estudiantil de 1986, considerado un empate, pues quedó prácticamente intacta sobre el tema de gobierno, ni para atrás ni para adelante; a inicios de este siglo se promovió, como consecuencia de la huelga de 1999, la creación de la Comisión Especial para el Congreso Universitario desaparecida en 2008, con el resultado de la reforma antes mencionada.

En resumen, la élite universitaria ha sido extremadamente renuente para reformar la institución, ha mostrado oídos sordos ante una realidad que reclama renovación, y por otro lado, quienes se han empeñado en transformarla, no han sabido capitalizar los momentos clave, ni generar alternativas políticas para democratizarla, sin caer en la propuesta simplista de voto universal, directo y secreto, como si se tratase de una República. Sin embargo, aunque no sea momento para una reformar universitaria, es tiempo para pensarla responsablemente.

Como mínimo exigirle a la J de G que su proceso de auscultación sea realmente para escuchar el sentir y las voces de la comunidad universitaria, y que no sólo -como ha sucedido en muchos casos, tanto en la designación de Rector como de directores-, se convierta en un simulacro. Pronunciarse porque los candidatos expresen públicamente sus programas y proyectos, pues se debe responder no únicamente a la comunidad interna, sino al pueblo de México.