Desplazados de Guerrero acampan afuera de Palacio Nacional

Fernando I. Gorostieta

El domingo 11 de noviembre de 2018, el municipio Leonardo Bravo, ubicado en el estado de Guerrero, sufrió un ataque por parte de un comando armado, el cual, dijeron los habitantes de ese lugar, provino del municipio vecino Heliodoro Castillo.

Los habitantes de Leonardo Bravo se dedican a la agricultura; sus principales productos son el durazno, limón y aguacate. El supuesto móvil del ataque es que en una comunidad cercana de nombre Xochipala se dará apertura a una nueva mina de plata y, según declaraciones de las personas desalojadas, los habitantes de Heliodoro Castillo no son originarios de ahí y la mayoría se dedica al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Por tanto, los pobladores de Leonardo Bravo creen que quieren tomar el control de la mina una vez que esté abierta.

Eran aproximadamente las 13:00 horas del domingo 11 de noviembre. La mayoría de la población se encontraba descansando o en convivencia familiar cuando de pronto comenzaron a escucharse detonaciones.

–No le dimos importancia, porque no sabíamos que eran balazos, pero como a eso de las 2:00 de la tarde, el sonido de las armas era ensordecedor, señaló la señora Marisela, habitante de dicho municipio. Las balas iban dirigidas a las casas, comentaron varios habitantes, por lo que salieron asustados de sus hogares en busca de auxilio. Muy cerca, aproximadamente a 10 minutos del lugar, se encontraron con un grupo de soldados, pero el personal del Ejército les negó el apoyo con la argumentación de que no podían dejar su estación. Posteriormente, el Presidente Municipal de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo, los apoyó brindándoles asilo en el auditorio de la comunidad de Chichihualco.

El 17 de noviembre de 2018, el Secretario de Seguridad Pública del Estado informó que todo estaba en orden en las comunidades de dicho Municipio y llevó camiones para regresar a la gente a sus domicilios. Los pobladores fueron escoltados por dos comandos del Ejército y dos camionetas de policías estatales, pero al llegar a la primera comunidad fueron recibidos a balazos y obligados a regresar al auditorio. El 27 de noviembre enviaron una comisión hacia la Ciudad de México con la finalidad de dar a conocer su situación al gobierno federal.

La recepción de la comisión fue realizada por Alejandro Encinas y Félix Santana, quienes se comprometieron a resolver su caso. Dada la etapa de transición entre el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y el gobierno actual, no obtuvieron una respuesta pronta.

En los primeros días de febrero acudieron nuevamente a la Ciudad de México, pero en esta ocasión, llegaron 16 comunidades completas, entre las que se encuentran: Filo de Caballos, Campo de Aviación, Morros, Carrizal de Bravos, Tres Cruces, Mirabal, Laguna, La vuelta del sur, Isotepec, La escalera, entre otros. Todos ellos vinieron con la finalidad de exponer el caso al presidente Andrés Manuel López Obrador y obtener su apoyo para poder regresar a trabajar sus tierras. La llegada fue el 17 de febrero de 2019 y se plantaron afuera de Palacio Nacional en espera de poder obtener una entrevista con el primer mandatario. Para ellos se eligieron representantes, por ejemplo, Crescencio Pacheco, David Barragán, una mujer de nombre Teodomira y otro de nombre Manuel (quien al parecer pertenece a la Comisión Nacional de Derechos Humanos).

Hasta hoy, 21 de marzo, más de un mes después de su llegada, siguen en espera de una respuesta y afirman que no se irán hasta obtenerla. Las comunidades en plantón suman alrededor de 500 personas, entre ellas, niños y personas de la tercera edad.