Violencia de género e institucional en la UNAM
El tema de la violencia de género realmente tiene poco que se ha sido visibilizado, y a pesar de que se empieza a consolidar una narrativa en contra del acoso y que han crecido las campañas de concientización sobre violencia de género, se está muy lejos de erradicar la cultura patriarcal que violenta no sólo a las mujeres sino a todo aquello que se sale del esquema “heteronormal”.
Podemos hablar de números, echar mano de la estadística o cualquier otro dato lo suficientemente “fuerte” para darle valor a esto. Empero, la violencia de género y sus secuelas en las víctimas son mucho más que un mero dato estadístico. Son vidas, vidas destrozadas en una manera o en todas las maneras posibles.
Instituciones de gran peso como ONU Mujeres (Organización de las Naciones Unidas, división Mujeres) y la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) han unido sus esfuerzos en la creación de protocolos de género y campañas de difusión sobre el tema. La máxima casa de estudios ha avanzado como pocas universidades, -volviéndose un ejemplo a seguir en el país-, sobre normatividad en contra de la violencia de género; sin embargo, en su cotidianidad aún se padece el problema.
Dentro de los diversos campus de la Universidad Nacional, se viven diariamente escenarios donde las agresiones de tipo sexual e institucional son protagonistas. Es indignante que en el mayor semillero de recursos intelectuales del país ocurra esto. Aquí les presentamos el testimonio de dos estudiantes de posgrado. Cada una con una situación y carrera distinta, pero algo en común: la violencia institucional.
La estudiante de doctorado en geografía Dora Romero relata que fue dada de baja injustificadamente: “En el Posgrado de Geografía se toleró a un tutor que incumplió con su compromiso firmado y estipulado en las Normas Operativas, desde el primer semestre retrasó trámites importantes como la conformaciónn del comité tutor, la firma de actividades académicas y una estadía, no proporcionó asesorías y nunca se presentó al Coloquio de Doctorantes siendo su obligación.”
La respuesta de las autoridades, nos dice Dora, fue minimizar lo sucedido y hacerle pasar un viacrucis al solicitar cambio de tutor. A pesar –insiste Dora- de que mostró evidencias de las referencias sexuales que el tutor arremetía contra ella. Tales como decirle “te asesoro pero si te acuestas conmigo”. No fueron suficientes ni tampoco las represalias por no acceder al encuentro sexual.
Otro caso de violencia institucional invisibilizado por autoridades de la universidad es el de la estudiante de maestría en enfermería Rosa Isela Fabián García.
Rosa Isela y su primera tutora tuvieron un conflicto de ideas con una profesora sobre el desarrollo de su tesis. De manera que la Dra. Gandhy Ponce Gómez, coordinadora del programa, la presionó para hacer un cambio de tutoría. Violando así la libre cátedra de la tutora y sus derechos como estudiante.
A pesar de acceder a tal exigencia Rosa Isela siguió teniendo dificultades con el curso de su tesis y le fue asignada como tutora la Dra. Sandra Magdalena Sotomayor Sánchez. De nuevo la situación fue desfavorable para Rosa Isela, al grado de tener que reingresar al programa de posgrado
Una vez reingresando al posgrado la Dra. Sandra Sotomayor se negó a firmar un trabajo final para cumplir con el “Seminario de Investigación y Tesis I”, en distintas ocasiones, con lo que terminó por afectarla en su desarrollo académico dentro del posgrado.
De poco sirve el avance institucional si de facto se siguen minimizando las voces de las víctimas. Por muy “pequeña” que parezca la denuncia, las administraciones deben darle seguimiento hasta concluir la denuncia. Los universitarios tienen una gran responsabilidad que no se limita sólo al quehacer profesional. Sean alumnos, académicos, funcionarios o trabajadores, no deben ignorar los casos de abuso institucional o de violencia de género, quedarse callados o ser únicamente espectadores. Dora y Rosa Isela aún esperan que el posgrado atienda sus casos.