2018: la elección del cambio o de la continuidad

Las campañas han iniciado, serán cuatro los candidatos quienes buscarán alcanzar la Presidencia de la República. Según las últimas encuestas, Andrés Manuel López Obrador, es el favorito para ser el sucesor de Peña Nieto.

Pero al parecer la elección de este año estará envuelta en muchas controversias, pues los árbitros electorales se han visto superados e incluso cooptados por el gobierno federal. La muestra claramente se pudo ver hace un año en el Estado de México, en donde la compra de votos por medio del uso indebido de programa sociales, hicieron mantener al PRI el control del estado más importante del país.

Sin embargo, si el PRI o el PAN recurren a un juego sucio, intentando preservar el poder y darle continuidad al modelo económico que mantiene a más del 60% de los mexicanos en pobreza, la situación podría ser muy grave para la democracia mexicana.

Y es que, desde 1988, cuando por primera vez la izquierda mexicana tenía posibilidades reales de acceder al poder, el PRI hizo que se “cayera el sistema”; posteriormente en el año 2000, con la llegada del ultraconservador Partido Acción Nacional (PAN), la alternancia política no permitió un cambio profundo en la situación de la población y la fantasía democrática se resquebrajo.

Para el 2006, López Obrador se presentó por primera vez a la elección presidencial y con altas posibilidades de triunfo, sin embargo, desde la presidencia de la República se le cerró el paso y con el control del órgano electoral, que en teoría debía ser imparcial, se negó a ver las inconsistencias del proceso.

Aun con todo, el candidato de las izquierdas buscó contener a millones de mexicanos a usar las armas, y los reunió en un plantón que amortiguara el clamor popular de que se contara “voto por voto, casilla por casilla”, a pesar del costo político sobre su imagen.

Para el 2012, mediante un uso tramposo de las televisoras y con un país sumido en una profunda guerra contra las drogas, los ciudadanos buscaron que el retorno del PRI atrajera una situación de relativa paz y mejora en su situación económica, tal vez recordando el “milagro mexicano” de mediados del siglo pasado, pero el resultado fue desalentador.

Ahora el candidato morenista ha declarado que el “tigre” -en referencia al pueblo- podría soltarse y él decidirá retirarse, sin intervenir en apaciguar el clima de inestabilidad política que podría surgir por un fraude electoral. Y es que, si un fraude sucediera, los grupos de izquierda verían que la vía electoral se encuentra cerrada.

Desde el gobierno de Porfirio Díaz, la oposición ha sido perseguida y encarcelada, con una larga lucha para acceder al poder, y aún con ello, ya en el poder, los gobiernos más allegados a la voluntad popular fueron derrocados, podríamos decir que el único que se mantuvo hasta el fin, fue el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Esto llevó a la izquierda a agruparse en grupos subversivos, que lo mismo tomaron las armas, como hicieron actos fueras de la ley, pues hasta ese momento la figura omnipotente priista, los arrinconó a actuar fuera de la ley. Solamente la reforma electoral de 1977 les permitió creer en que la vía democrática podría llevar a la presidencia un gobierno que recogiera la voluntad popular.

Y aún más importante, la transición de un gobierno de izquierda -que ahora ha buscado llegar a acuerdos con la derecha-, sería de gran beneficio para la cultura democrática del país, pues permitiría buscar una vía distinta para dar soluciones a los problemas actuales del país.

Es por eso que las instituciones políticas, así como el mismo presidente, deben de actuar de acuerdo con los márgenes democráticos, dar plena libertad a la ciudadanía de elegir a su próximo presidente. Pero si las élites pretenden decidir continuar con un proyecto que solamente vela por sus intereses, podría ser un grave error que llevaría a una situación de gran crispación social.

Por eso mismo debemos de seguir de cerca la campaña electoral, contrastando y analizando las ideas, para elegir con total conocimiento quien será el encargado del manejo del país por los próximos seis años, y decidir si darle un cambio de rumbo al país o decidir en la continuación de una política económica fallida, fuera y dentro de México.