Los espectros de la globalización en México
Osmar Cervantes González / @IOsmarCervantes
Desde economistas postkeynesianos hasta intelectuales lo han advertido. Las implicaciones de la globalización económica en sus múltiples dimensiones son desalentadoras. Los costos políticos, económicos y sociales del modelo de “injerencia mínima del Estado” son empíricamente referenciables y pueden ser visualizados tanto cualitativa como cuantitativamente.
Datos emitidos por organismos nacionales e internacionales han demostrado que la calidad de las condiciones políticas, económicas y sociales del Estado mexicano ante el fenómeno de integración global parece diluirse. Aunque el modelo neoliberal adoptado en la década de los ochenta ha traído consigo estabilidad macroeconómica (no sólo en México, sino en gran parte de los países latinoamericanos), las consecuencias a nivel micro no han sido las que se esperaban.
Si bien es cierto que, por un lado, la globalización ha sido favorable en términos de comunicabilidad y protección internacional de los derechos humanos, por otro, ha dañado las estructuras democráticas de los países que se encuentran sometidos a los condicionamientos de gobiernos extranjeros y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han fungido como entes promotores del modelo neoliberal en el mundo.
El contexto globalizador en que se encuentra inmerso nuestro país constituye un obstáculo que imposibilita el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la facultad de los países para autodeterminarse en lo político, económico y social. Las capacidades del Estado contemporáneo se han limitado enormemente, y sobre todo las de los países latinoamericanos. El conjunto de políticas económicas de corte neoliberal que se han implementado en México han afectado a la población con el incremento en los precios de los bienes y servicios, el aumento de la tasa de desempleo, el recurrente recorte al gasto público y la desinversión; lo cual, evidentemente, escapa totalmente del control popular soberano y democrático.
La socióloga neerlandesa Saskia Sassen, a quien comúnmente hago referencia para explicar las implicaciones de la globalización, menciona que con el advenimiento de este fenómeno y la adopción del modelo neoliberal por parte de los países ha habido una pérdida de derechos sociales vinculada a la reducción de servicios de asistencia pública; trayendo consigo, asimismo, un mayúsculo distanciamiento entre el Estado y los ciudadanos. La contribución insigne de la Revolución Francesa y la Americana, claro está, ha fenecido: la noción de que el pueblo es el Estado, y el Estado es el pueblo ya no tiene cabida en el mundo contemporáneo.
Además de que la soberanía de los Estados-nación y sus ciudadanos se ha constreñido, la globalización –desde un punto de vista económico– ha provocado la ausencia de nuevas fuentes de trabajo remunerado, el desempleo y en los gastos de inversión en infraestructura, salud y educación, lo cual se ha traducido en implicaciones sociales como inseguridad, narcotráfico y violencia, así como en el deterioro en los servicios de salud, educación, bienestar social y recreación.
La globalización es un fenómeno que ha modificado sustancialmente, y en múltiples dimensiones, la vida de los individuos y la forma del Estado moderno. El control que antes tenían los gobiernos en los asuntos político, económico y social se ha acotado. El Estado-nación que emergió en el siglo XVII, y que todos conocíamos, se ha erosionado.
Los datos que arrojan organismos nacionales e internacionales –como el INEGI, el CONEVAL y el Banco Mundial– en torno a los índices de pobreza, desigualdad e inseguridad, son alarmantes, por lo que es imprescindible que las autoridades gubernamentales del Estado mexicano replanteen el papel que están desempeñando (y deben desempeñar) en la vida política, económica y social del país, con el objetivo de llevar a cabo planes prospectivos de gobierno orientados a fortalecer la injerencia del Estado en la regulación de la economía y a fortalecer la institucionalidad democrática que tanto se ha visto afectada en los últimos treinta años.
Las situación actual de nuestro país no puede (ni debe) seguir bajo el modelo exacerbado de Estado mínimo. El gobierno federal debe tomar cartas en el asunto de forma inmediata y pensar que, de no implementar acciones para erradicar de fondo los problemas que se han gestado con la adopción del modelo neoliberal desde 1982, la probabilidad de ocurrencia de escenarios catastróficos en los diferentes ámbitos es cada vez mayor.
Hoy en día, en México existen más de 55 millones de pobres, lo que representa casi la mitad de la población total, y 10 millones de personas con ingresos por debajo de dos salarios mínimos al día. Además de que existe una extrema desigualdad y la economía informal se ha disparado, según la OIT, existen cerca de 2.4 millones de desempleados.
Si bien las condiciones macroeconómicas en México se han mantenido más o menos estables, al hacer una revisión (no necesariamente concienzuda) de algunos indicadores económicos enfocados en el nivel micro de la economía del país, es evidente que la situación es, al igual que en lo político y social, desalentadora. De mantenerse las condiciones actuales en el futuro, sin la presencia de un plan de acción estratégico, al haber –naturalmente– un incremento en la población absoluta, resulta obvio que la situación económica se agudizará, trayendo consigo implicaciones aún más desfavorables en lo político y en lo social.
