Colombia: entre la Guerra y la Paz

Colombia: Entre la esperanza por la paz y la guerra de las mentiras

César Osorio Sánchez*

Los días que corren pueden ser definidos, sin temor a arriesgarnos, como los más intensos de la historia política colombiana en los últimos cincuenta años. El domingo 02 de Octubre, tras casi cuatros años de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), se llevó a cabo el plebiscito para contestar SI o NO a la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?”. Los resultados del plebiscito son por todos conocidos, le han dado la vuelta al mundo, y algunos analistas no han dudado en compararlos con el fenómeno del Brexit. En una jornada marcada por un abstencionismo que asciende a un 62,9 %, (22´000.000 de personas no salieron a votar), los partidarios del NO obtuvieron el 50,21% de los votos derrotando por un estrecho margen a los partidarios del SI, quienes obtuvieron el 49,78% de los sufragios.

A partir de estos resultados, la agenda política colombiana se ha movido entre las mesas de conversaciones sostenidas entre el gobierno y los partidarios del NO e intensas jornadas de movilización en las que organizaciones sociales, de víctimas, estudiantes universitarios, fuerzas políticas alternativas, entre otros sectores se han tomado las calles exigiendo que no se dé marcha atrás en el acuerdo para el cese del conflicto armado interno. Los resultados del plebiscito así como la agenda de movilización sostenida a favor del acuerdo de paz, revelan profundos problemas de la “democracia” colombiana como: a) el culto a los procedimientos y formas jurídicas frente a las demandas y derechos de la ciudadanía; b) el poder de sectores de las clases políticas tradicionales para movilizar votantes a través del miedo y de la mentira y c) la fragilidad de los sectores críticos o alternativos para llevar a cabo propuestas unitarias, en este caso, en el ámbito electoral.

Frente al legalismo, vale decir que desde los inicios de las negociaciones de paz, el ambiente político osciló entre el optimismo por la posibilidad de un cese definitivo de la guerra y el pesimismo promovido por quienes veían en la negociación una claudicación, un “sapo que debían tragarse los colombianos” pues suponía reconocer como adversario político a una fuerza insurgente que en el mandato de Uribe Vélez era considerada no más que una “organización narcoterrorista”. Mientras avanzaban las negociaciones, en el ambiente social resonaban aún las consignas de “la lucha integral contra el terrorismo”. Aunque con los acuerdos parciales y el cese bilateral del fuego creció el optimismo a favor de la paz, lo cierto es que está tensión nunca fue resuelta, y pese a ello, algunos sectores académicos y políticos en Colombia privilegiaron la discusión sobre el mecanismo de refrendación de los acuerdos -si era consulta popular, plebiscito, referéndum o asamblea constituyente- sobre la tarea de generar un consenso social y político en la ciudadanía sobre la urgencia del acuerdo de paz. Poco sirvió el pronunciamiento del Fiscal de la Corte Penal Internacional que señalaba que lo pactado respetaba los Derechos de las Víctimas, tampoco fue considerado el concepto del Ex fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, quien indicaba que los acuerdos no requerían más formalidades pues se trataba de un Acuerdo Especial de Derecho Internacional Humanitario. El fetichismo por los procedimientos terminó por desplazar la prioridad, agilizar la entrada en vigor de los acuerdos, que en el caso de Colombia estaría más que sustentado en el reconocimiento del Derecho a la Paz como Derecho Constitucional Fundamental.

Respecto al poder de sectores políticos tradicionales para sostener sus privilegios valiéndose de la mentira y de infundir el miedo, es claro que la victoria del NO estuvo sustentada en el fraude. Prueba de ello son las declaraciones de Juan Carlos Vélez Uribe, director de la campaña del NO, quien reconoció públicamente que la discusión de los acuerdos no fue la prioridad y que por el contrario, el objetivo fue lograr un voto fácil, desde “la indignación”. La campaña del NO se sustentó en mensajes falaces y directos tales como: 1) La firma de los acuerdos supone la entrega del país al castrochavismo, es decir, al comunismo continental encarnado en los gobiernos de Cuba y Venezuela; 2) los exguerrilleros recibirían un salario de 600 dólares mensuales, los cuales deberán pagarse con nuevos impuestos que saldrán de los bolsillos de los colombianos; 3) la inclusión del enfoque de género en los acuerdos de paz sería la puerta de entrada a medidas como el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y 4) Los guerrilleros serían premiados con participación política en el congreso y con impunidad. Así, con base en engaños, las fuerzas del NO movilizaron a su favor el desconocimiento de amplios sectores de la población, la hostilidad política sembrada en tantos años de guerra y la animadversión que promueven algunos sectores de las iglesias cristianas y católicas frente a las agendas de la diversidad sexual. En resumen, los acuerdos fueron derrotados con argumentos que nada tenían que ver con lo firmado por partes.

Finalmente, aunque sectores de la sociedad civil avanzaron en propuestas para una pedagogía de los acuerdos de paz, otro de los aspectos a destacar fue la falta de una campaña  coordinada a favor del SI por parte de las fuerzas políticas de izquierda organizada, previendo la fortaleza electoral del gamonalismo que se ha opuesto al cese de la guerra. Las masivas movilizaciones a favor del acuerdo han recordado el protagonismo que deben jugar los sectores alternativos para la conquista de la paz, y sobre todo, cuan necesario es que las organizaciones políticas de izquierda interpreten las luchas de los movimientos sociales regionales, de las organizaciones de víctimas, defensores de los Derechos Humanos y sectores como los estudiantes.  Son muchos los aspectos no resueltos en los acuerdos, no obstante, la creación de una comisión de la verdad para esclarecer las responsabilidades del Estado, empresarios, grupos paramilitares en la persistencia de la guerra, un nuevo sistema de Justicia que permite la investigación de las graves violaciones de los DDHH, medidas centradas en reparación de las víctimas y la revisión de casos de criminalización de la protesta social son algunos de los avances que ameritaban menos ambigüedad y más determinación. Estas medidas, si son garantizadas por el Estado, abren la posibilidad para un ejercicio de los derechos políticos que supere el esquema maniqueo en el que el disidente político es visto como un enemigo absoluto, que debe ser exterminado, y no como un adversario que merece voz y participación en la escena pública.

El campo de una salida a la guerra sigue abierto. El vergonzoso triunfo del NO en el plebiscito significó que los sectores de la extrema derecha recuperaran su protagonismo público. No obstante, las movilizaciones a favor de la paz han puesto al descubierto la falta de propuestas de los opositores de los acuerdos y que se vean con mayor claridad sus reales intenciones: impunidad para los altos funcionarios del Estado comprometidos en crímenes atroces, dilación del proceso hasta la campaña electoral de 2018 para repetir la farsa electorera, que no se implementen medidas para la reforma del sistema electoral colombiano y para la restitución de tierras despojadas. Hay incertidumbre, pero también es cierto, que los movimientos sociales son un nuevo actor que ingresa con mayor visibilidad en este debate, el desafío es sostener una movilización social que incida a  favor de los acuerdos de paz. Precisamente, frente a este reto, una defensora de los DDHH de la Costa Caribe Colombiana recordaba hace unos días: “nos quieren ver llorando, derrotados, lo que no entienden los señores de la guerra es que llevamos más de treinta años por este camino, podemos, nos toca seguir, avanzar un tramo más, con la misma fuerza y alegría”.

*Docente de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.