Constituyente en Colombia (1991)
Lo simple de una idea
¿Qué es lo que provoca que una idea aparentemente simple como la de votar por una séptima opción no registrada oficialmente en la boleta electoral, sea de pronto una alternativa para millones de votantes? Al grado tal que propicie las condiciones para una transformación a fondo de toda una nación. La respuesta se antoja inmediata: el hartazgo de la gente; sin embargo, la cosa no es tan sencilla como parece, ya que el hartazgo colectivo deviene muchas veces en frustración social. La pregunta entonces tendría que dirigirse hacia ¿Qué es lo que propicia que el hartazgo social de las mayorías, se traduzca en una opción política espontánea derivada en una transformación a fondo del sistema político?
Es necesario considerar otro elemento: la expectativa de algo mejor. Sin esto es imposible trocar hartazgo por transformación. Un tercer ingrediente que permite echar a andar esa nueva opción de cambio, es una fractura entre las élites, sin olvidar una fuerte movilización, organización de la sociedad. La fisura en el bloque dominante es necesaria para que el descontento social logre encontrar cauces que desemboquen en una reconfiguración del sistema político, lo que trae consigo el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, o la institucionalización de otras; inercia traducida más tarde en la aparición de partidos políticos.
Este fue el caso de Colombia a inicios de los noventa del siglo pasado. Un fuerte descontento de la sociedad, una fractura en las élites gobernantes, una idea detonante hacia la renovación de la clase política: una Asamblea Constituyente, efectuada a inicios de 1991. Un caso que contrasta con el resto de los países en la región, donde proliferaron gobiernos denominados como progresistas a finales de la misma década, mientras que en Colombia es la derecha la que se ha consolidado recientemente.
Antecedentes
Un grupo de estudiantes universitarios lanzó una iniciativa conocida como “La Séptima papeleta”, después de que fuera asesinado el candidato presidencial Luís Carlos Galán por parte del cartel de Medellín, el 18 de agosto de 1989. Con este magnicidio, la violencia llegó a su máxima expresión. El movimiento estudiantil convocó a una movilización en rechazo a la parálisis que el miedo empezaba a provocar; fruto de la creciente violencia generada por diversos grupos, principalmente por el narcotráfico.
La salida tenía que ser política para evitar un mayor encono. El pretexto fueron las votaciones del siguiente año para elegir las dos Cámaras, Alcaldías, la Asamblea Departamental, Consejo Municipal, y las Juntas Administradoras Locales. La séptima opción se convirtió en la demanda de una Asamblea Constituyente; una vía pacífica y al mismo tiempo determinante para contrarrestar la severa corrupción de buena parte de la clase política, principal germen de la violencia colombiana.
El objetivo era promover una renovación completa. Sustituir, ya no sólo reformar la Carta Magna de 1886. Para lograrlo era necesario incluir al mayor número de fuerzas sociales y políticas. Sobre todo para evitar los problemas generados con el pacto de décadas anteriores, conocido como Frente Nacional en 1958, cuando los dos principales partidos –Liberal y Conservador- acordaron compartir el poder sobre la base de un sistema oligárquico, sin reconocer ninguna expresión política fuera de su realidad dicotómica.
Para muchos analistas, aquel acuerdo faccioso propició una gobernabilidad a muy alto costo, ya que redujo la violencia desatada a partir del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, pero sembró una nueva al dejar fuera a distintas expresiones políticas como consecuencia de ese modelo elitista. “Las limitaciones a este esquema minimalista provenían de la ausencia de competencia entre los partidos, de la exclusión de fuerzas no bipartidistas del acuerdo para la repartición del poder. […] El régimen frentenacionalista operó con los rasgos mencionados hasta 1974. […] a partir de 1974, el régimen político colombiano entró en un proceso simultaneo de desmonte y agotamiento.” (Dávila, 2000: 268).
La guerra fratricida entre liberales y conservadores, ahondada en regionalismos, fue contenida por el Frente Nacional; sin embargo, también abonó a la discordia entre el bipartidismo y la otra izquierda no liberal, que ante el nulo espacio para su participación política apostó por la guerrilla. Resulta emblemático el surgimiento del grupo guerrillero M-19, como respuesta al fraude electoral de 1970.
La respuesta inicial a este tipo de expresiones por parte de la oligarquía colombiana, fue un recrudecimiento de su política represiva. “Al agravarse el conflicto con las organizaciones subversivas, la reacción inicial fue de un endurecimiento de las medidas represivas por medio del Estatuto de Seguridad, expedido en 1978, el cual ha sido considerado la aplicación más estricta y duradera de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia.” (Dávila, 2000: 271).
El incremento de la violencia mostró el error de aquella “política” autoritaria. Cuatro años más tarde, en 1982, se apostó por una mediación. Se iniciaron así, las negociaciones de paz, con algunos avances, pero con poco éxito.
La década de los ochenta estuvo signada por un alud de violencia. Se sumaron a las guerrillas, el narcotráfico y los grupos paramilitares. El asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, la toma del Palacio de Justicia en 1985, y como corolario, la muerte de Carlos Galán, llevaron a toda una generación a plantearse una reconfiguración completa del sistema político colombiano. El modelo bipartidista se había agotado en definitiva.
El Constituyente de 1991
La propuesta conocida como “La séptima papeleta” se gestó en las universidades. Al inicio no fe reconocida oficialmente por la instancia electoral; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia se vio obligada a reconocer los más de dos millones de votos que reclamaban un plebiscito para un nuevo Constituyente. Dicho movimiento unificó a estudiantes de universidades privadas y públicas.
Es importante señalar que poco tiempo atrás, un sector de la izquierda radical, el M-19, había entrado en mesas de diálogo con el gobierno, para darle una salida política al conflicto agudizado a finales de los ochenta. De ser un grupo guerrillero, se convirtió en una organización política conocida como Alianza Democrática M-19 en 1990, con el objetivo de impulsar un nuevo Constituyente. Su dirigente Carlos Pizarro, como candidato presidencial, fue asesinado el 26 de abril de ese mismo año.
Un mes después, en el marco de la jornada electoral para elegir al nuevo Ejecutivo Federal, se realizó el plebiscito sobre el Constituyente. El resultado de la consulta fue contundente. Un 89% estuvo a favor. Más tarde fueron electos 70 representantes. Deliberaron durante meses y finalmente fue aprobada la nueva Constitución el 4 de julio de 1991, la cual suplantó a la centenaria de 1886, asfixiada por el bipartidismo oligárquico que imperó en Colombia hasta finales del siglo pasado.
A pesar de que una de las motivaciones para promover la nueva Carta Magna, fue desmantelar el bipartidismo, aquello se logró en un inicio sólo parcialmente, ya que el movimiento estudiantil conocido como “La séptima papeleta”, se alió al Partido Liberal, convirtiéndolo en la primera fuerza política; sin embargo, el tradicional Partido Conservador quedó en cuarto lugar, por debajo de Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional. Lo que nos habla de un resquebrajamiento de esa hegemonía dicotómica, aunque no lo suficiente para ser totalmente desplazados los dos partidos tradicionales en aquellos años.
Cabe mencionar que el proceso de reconfiguración del régimen político colombiano en ese año, abrió el sistema hacia un pluripartidismo, dio cauce a otras fuerzas políticas excluidas desde el acuerdo faccioso del Frente Nacional, pero eso no significó que todas las expresiones confluyeran. Un caso son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que a mediados de los ochenta había formado su brazo político conocido como la Unión Patriótica (UP), fruto de una mesa de negociación con el gobierno de Belisario Betancur.
Como bien señala Cepeda “[…] la utilización de todas las formas de lucha, traducida en el uso de la vía electoral y parlamentaria, simultáneamente con la utilización del secuestro, el asesinato, el uso indiscriminado de la violencia; convirtió a los miembros de la UP, el partido político de las FARC, en lo que en el Reino Unido, en la confrontación contra el IRA, se denominaba un soft target” (Cepeda, 2011: 226).
La UP no logró el éxito esperado, porque muchos de sus dirigentes fueron asesinados, ya que se convirtieron en blanco fácil de la derecha recalcitrante, al mantener una vida pública visible. Para el Constituyente de 1991, no hubo las condiciones para sumar aquella fuerza política completamente desencantada y que hasta el día de hoy se mantiene en la clandestinidad y en guerra con el Estado colombiano.
Es claro que cuando surge la propuesta de un plebiscito para la conformación de un nuevo Constituyente existe un hartazgo de buena parte de la sociedad colombiana. La violencia había alcanzado a todas las clases y sectores sociales. El pacto de 1958 entre los dos grandes partidos eliminó la violencia interpartidaria, pero fomentó la intrapartidaria y generó una nueva, la extrapartidaria. Para finales de los setenta y principios de los ochenta, se sumó el narcotráfico, que aceleró la descomposición de toda una generación de políticos.
La solución a los problemas de Colombia, atravesaba forzosamente por una renovación de raíz. Las clases medias, pero sobre todo la clase media alta entendió que debía asumir un programa político alternativo al que se tenía en la década de los ochenta. No es casual que el movimiento se originara primero en las universidades privadas, antes que en las públicas. Dávila menciona que hay un paralelo entre el Constituyente de 1991 y el Frente Nacional de 1958:
“En ambos casos, un grupo de dirigentes con clara vocación de poder entendió que su oportunidad estaba en encauzar una reforma política sustancial […] Ello evidentemente le dio un carácter elitista a la toma de decisiones y a las negociaciones en los dos procesos, lo cual obligó a fórmulas para recabar el apoyo popular y dotar de cierta legitimidad lo pactado, como fue el caso del plebiscito en el Frente Nacional y las consultas populares y la elección popular de los constituyentes en el caso del proceso constituyente de 1991” (Dávila, 2000: 274-271).
Balance
A pesar de que uno de los objetivos principales del constituyente fue la desintegración del bipartidismo, y que en efecto, en el mediano plazo permitió que Colombia transitara hacia un sistema pluralista; resulta paradójico que finalmente hayan sido las élites quienes indujeron el cambio social. La oligarquía se vio obligada a reinventar la fórmula de dominación; abrir el sistema para mantener su hegemonía. “Si bien los partidos seguían dominando el panorama electoral, su capacidad para canalizar las nuevas demandas sociales resultantes del proceso de urbanización y modernización fue menguando.” (Ungar, 2011: 363).
Cierto es que a diferencia de la Constitución de 1886, que basó la soberanía en la idea de nación, la de 1991 proclamó el poder soberano en el pueblo colombiano. Lo que representa un cambio fundamental en la idea primaria de legitimidad democrática; sin embargo, “con todo y los cambios en la política y en la sociedad colombianas –entre ellos la parcial pérdida de centralidad de los partidos tradicionales- el elemento partidario desempeñó un papel central en la configuración de las dos coyunturas [1958 y 1991]. Los partidos o sus émulo movimientistas en la constituyente, excluyeron a cualquier otro tipo de actores colectivos u organizaciones sociales” (Dávila, 2000: 275).
Lo anterior también puede ayudar a explicar por qué Colombia se ha mantenido como un país de excepción en la región sudamericana, donde hemos visto llegar al poder a distintos líderes populistas.
El constituyente de 1991 ayudó al país a salir de una severa crisis política, a menguar la violencia. No es gratuito el asesinato del narcotraficante Pablo Escobar en 1993. Uno de los temas que en aquella coyuntura causó mayor expectativa fue precisamente el de la extradición. Fue también una válvula de escape para darle cauce a otras expresiones sociales y políticas de tiempo atrás.
Pero no todo el balance es positivo. “En términos económicos, la historia parece divergir. Mientras que hasta los años noventa Colombia se consideraba un caso exitoso de manejo macroeconómico, los resultados a partir de la reforma no han estado a la altura de las expectativas y el país se ha retrasado en algunas áreas en comparación con otros países de la región.” (Cárdenas, 2010: 208).
Bien podríamos decir que el pueblo colombiano apostó todo lo poco que tenía en ese momento, a cambio de una pacificación de su vida pública y privada. Se embarcó en la nueva ruta que las élites definieron, con fuertes vientos autoritarios, y sobre todo, con destino a un modelo abiertamente neoliberal.
En el mediano plazo fue posible desmantelar el régimen anterior al constituyente. El artífice fue un político salido de las filas del Partido Liberal, Álvaro Uribe, que al no lograr encabezar la candidatura presidencial por dicho partido, creó su propia fuerza política y ganó las elecciones en el año 2002. Momento culminante del proceso de apertura hacia un modelo pluripartidista en Colombia.
La derechización del gobierno trajo consigo el recrudecimiento de las medidas de seguridad, así como una política internacional pro norteamericana. Después de una severa crisis de representatividad de los dos partidos hegemónicos, convertida luego en una crisis de legitimidad y gobernabilidad, “con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, se reforzó el giro autoritario que venía produciéndose en los último años del gobierno de Andrés Pastrana. El fracaso de las conversaciones entre este último y la guerrilla de las FARC, estimuló […] la conformación de un consenso político entre las élites dominantes para buscar una salida militar al conflicto social y armado.” (Estrada, 2007: 289).
Al mismo tiempo, el gobierno uribista se ha caracterizado por ser un contrapeso a otros con posturas antinorteamericanas como el de Hugo Chávez. Después del fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Colombia negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Para distintos analistas los saldos son poco esperanzadores, ya que se piensa que el constituyente no erradicó la violencia, tan sólo la focalizó contra ciertos grupos que quedaron fuera del nuevo pacto. “De manera específica, se busca producir una salida militar al conflicto social y armado colombiano, mediante la intensificación de la guerra contrainsurgente, así como debilitar las fuerzas políticas, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales y populares, en suma, las fuerzas opositoras, consideradas como extensiones del ‘terrorismo’.” (Estrada, 2007: 293).
Con todo y sus actuales problemas, la experiencia histórica del constituyente colombiano en 1991, se mantiene hoy más que nunca como un referente obligado para entender el proceso de democratización en América Latina. Distintos países de la región han atravesado por nuevos pactos sociales en los últimos años. Es el caso de Venezuela con Hugo Chávez en 1999, Bolivia con Evo Morales en 2006, Ecuador con Rafael Correa en 2007.
En el caso de México, del cual se dice que vivimos en este momento un fenómeno de colombianización por el incremento de la violencia y el crimen organizado, atraviesa por una coyuntura decantada en una severa crisis de legitimidad por parte de las instituciones del Estado. El camino recorrido por los colombianos para superar sus graves problemas antes mencionados, amplía el horizonte de transformación de nuestro actual sistema político.
La idea de un constituyente en nuestro país se antoja apremiante, ya que como bien ha señalado Edgardo Buscaglia: “el padre y la madre de la violencia en México es la corrupción de la clase política”, la cual nos apremia renovar. Existen las condiciones históricas para ello. La movilización se inició en las universidades tanto privadas como públicas. Se sumaron a ella distintos sectores sociales, organizaciones políticas y sindicales. El reclamo de justicia ha sido recogido en distintas estratos sociales.
Sólo hace falta esa idea simple del cambio. Que no únicamente los especialistas e intelectuales discutan la necesidad de un nuevo pacto social, sino que en las asambleas estudiantiles empiece a germinar la propuesta de un constituyente para iniciar una limpia de la clase política. Para evitar que la idea sea recogida por sectores conservadores como en Colombia, donde se dio una fractura entre las élites, con el objetivo de renovarse para mantener su hegemonía política. México necesita reinventar su democracia si por democracia entendemos algo más que procesos electorales.
Bibliografía
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