Financiamiento internacional: la cara bonita del intervencionismo

Parece increíble que, en medio de una guerra interimperialista, aun existan dudas sobre el intervencionismo estadounidense en México. Y no falta quien se rasgue las vestiduras por las denuncias que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho sobre los financiamientos que el gobierno de Estados Unidos hace, como una forma de injerencia en gobiernos extranjeros, desde los años noventa.

Primero habría que disipar un falso debate: no se trata de eliminar la cooperación internacional, ni de afirmar que todo grupo financiado por estos fondos es golpista, o tiene actividad política directa. Existen programas gubernamentales, a nivel federal y estatal, que reciben este tipo de financiamiento, además del sector no gubernamental, que tienen relevancia en su quehacer. Pero eso no niega la necesaria revisión a los programas de asistencia que el presidente denuncia.

 

El caso MCCI

Es muy interesante la información revelada por Contralínea, pues nos informa que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) habría recibido de la Embajada de Estados Unidos, en los últimos 3 años, ingresos por hasta 208.4 millones de pesos, además de violar varias leyes fiscales para asociaciones civiles en México.

¿Por qué Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una asociación civil “sin fines de lucro”, de Claudio X. González y su presidenta María Amparo Casar, con una actividad política evidente contra el Gobierno Federal, han recibido tantos millones de pesos de un gobierno extranjero?

El contexto internacional es de guerra e incertidumbre energética y alimentaria, mientras, al interior, México apuesta por defender su soberanía energética con una reforma que permita el desarrollo tecnológico propio. En estas circunstancias nos conviene recordar una de las máximas de la realpolitik estadounidense: EEUU no tiene amigos, sólo intereses.

Intervencionismo Financiamiento estadounidense

Para algunos, parece casi una ofensa dudar sobre la benevolencia neutral de los programas de financiamiento del Gobierno de Estados Unidos, pero es necesario tomar en cuenta el origen de los programas a los que nos referimos.

Los primeros programas de promoción de la democracia tienen su origen en el año 1961 con la creación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa USAID, sin embargo, no tendrá un papel significativo hasta los años 80.

En esa década, en el contexto de guerra fría, la USAID fue uno de los dispositivos preferidos para perfeccionar y llevar a cabo estrategias de presión soft power para incidir en gobiernos extranjeros, o de plano preparar el terreno para cambiarlos a punta de cañón.

En esa misma década se impulsa la ley de asistencia extranjera. En consecuencia, se crean muchas otras instituciones, privadas y gubernamentales, dedicadas a formalizar los intereses de Estados Unidos (en otros países) bajo la misma lógica. Entre las más importantes se encuentran: La Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), El Instituto Republicano Internacional, El Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, el Freedom House, MacArthur Foundation, Ford Foundation, entre otras.

Tiene sentido que los programas para la “promoción de la democracia” fueran impulsados con mayor decisión una vez cayó el bloque socialista. Estos programas tuvieron como justificación, además de la victoria estadounidense, la repentina necesidad de “llenar” los espacios que el Estado fue relegando bajo el modelo neoliberal, a la vez que se crearon de miles de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con múltiples ocupaciones e intereses en el país.

Los programas de “promoción de la democracia” tienen la particularidad obvia de promover la democracia tipo estadounidense: democracias muy caras, complacientes con las elites, y por supuesto, donde el pueblo no tiene injerencia más que en el voto representativo; pero también tienen una particularidad no tan obvia: se presentan como Organizaciones No Gubernamentales, pero fueron fundadas, y son financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

Cabe la duda: ¿En qué se ha beneficiado el país? A tanto tiempo, con tanto dinero y apoyo intergubernamental con Iniciativas, Tratados o Acuerdos, ¿su “ayuda” no debería ser más evidente? ¿No deberíamos poder ver algún impacto en la sociedad, mínimo empíricamente, tener posibilidad de documentarlo, medir el impacto, o contar con un registro? ¿Qué se hace con estos financiamientos?

Estos programas tienen operando por lo menos 50 años en México. En su presencia, la democracia de las elites permitió que gobiernos neoliberales y corruptos entregaran bienes públicos, se endeudara al país, se traficaran armas ilegales, y funcionarios federales se coludieran con el crimen organizado que supuestamente debían combatir.

Es verdad que existe un registro público general sobre la asistencia extranjera del gobierno de los Estados Unidos, además de casos públicos documentados en la prensa, y relevantes acciones de varias ONG en todo el país, sólo por mencionar un caso, el de Articulo19, con toda su controversia, ha sido sobresaliente en la asistencia a periodistas en riesgo de violencia; estos financiamientos también son usados para esclarecer el caso Ayotzinapa y para la elaboración del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas. Hay muchos casos, y es verdad que varios de estos proyectos no se hubieran podido realizar sin esos financiamientos.

No se trata de eliminar la cooperación internacional, sino de reconocer que existen intereses imperialistas mezclados con intereses genuinos. Es necesaria más información, tanto del gobierno emisor, como del receptor, y de las propias Asociaciones sobre el destino de estos fondos. La clave será la transparencia, así como la necesidad de que los grupos que reciben estos apoyos reafirmen su compromiso de cara a la sociedad, además de aceptar mecanismos de rendición de cuentas.

Beneficio ÷ Caridad = Negocio redondo

La mayoría de las organizaciones mencionadas anteriormente se auto proclaman como organizaciones benevolentes “sin fines de lucro”, o para “apoyar” a otras organizaciones sin fines de lucro; generalmente se plantean objetivos nobles como la “promoción del Desarrollo Internacional”, o para promover la “democracia”, o implementar “programas de democratización”, o para la “promoción internacional de Derechos Humanos”.

Hay un grado de veracidad en las acciones de estas organizaciones que las personas son capaces de percibir en su vida cotidiana gracias a esos programas, la terrible situación de violencia y desigualdad se encarga de hacerlo evidente, pero en el fondo, estamos ante un chantaje perverso.

¿Y si los financiamientos humanitarios estadounidenses son en realidad la máscara que oculta su corresponsabilidad en las situaciones del pueblo mexicano? La sistemática persecución de ganancia económica, política y cultural acarrean costos sociales. El deterioro institucional, político, mediático y ambiental no es casualidad, más bien son las determinaciones necesarias para mantener control territorial y social dentro del modelo extractivista.

No discuto casos individuales, la mayoría de los casos caminan por méritos propios, sino que es necesario mirar estos apoyos como parte de una estrategia más amplia de intervención norteamericana para lograr la tan anhelada “estabilidad económica” que se traduce en dos objetivos primarios: la disponibilidad de materias primas y el aseguramiento de circulación económica.

La intención de estos programas no es ayudar, sino contener el descontento, al mismo tiempo de reordenar los territorios de acuerdo con las necesidades del capital transnacional. Se lavan la cara con manos ajenas y dinero propio, pero si algo no sale como es pregonado, la responsabilidad es atribuida al gobierno ineficiente en turno.

La estrategia estadounidense está pensada para ocultar la infiltración a la sociedad civil, sutil y por debajo, mientras aseguran el extractivismo y acumulación para el capital trasnacional. Los pueblos nos encontramos ante la urgencia de organización para defender nuestro territorio y recursos, no solo ante la voracidad de las élites capitalistas, sino también de las burocracias Estatales complacientes.

Es necesario construir y apoyar a las organizaciones populares, legitimas y transparentes para que sin importar quién gobierne, no lo haga de espalda a los intereses colectivos.