César Duarte y Tomás Zerón: extradiciones que darán certidumbre al TMEC
Diego P. Alba // @diegop_alba
Anticorrupción: Capítulo 27 del T-MEC
Dentro del texto del tratado comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), existe un capítulo trascendental para el éxito o fracaso de la estrategia política y económica mexicana; sorpresivamente, este apartado no ha sido objeto de grandes reflectores ni debates en la opinión pública. Se trata del Capítulo 27, “Anticorrupción“.
Este Capítulo establece, entre sus objetivos principales, la prevención del delito y el combate a la corrupción en el comercio e inversiones internacionales, tanto por parte de empresas privadas como por los funcionarios públicos. Asimismo, obliga a las partes a implementar mecanismos que garanticen la integridad, honestidad y responsabilidad en el actuar de altos funcionarios de gobierno y, en caso de que alguno de ellos resulte responsable por la comisión de un delito, éste sea removido, suspendido, reasignado y/o juzgado conforme a derecho por las autoridades nacionales.
Los compromisos emanados del Capítulo 27 del T-MEC para México son mayúsculos. Implican el urgente fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas de la prevención del delito, la creación de mecanismos legislativos sólidos que sancionen cualquier acto de corrupción por parte de funcionarios públicos, y constriñe a los Estados para incentivar a las empresas privadas a adoptar medidas que impidan prácticas de corrupción, como la facilitación de pagos indebidos a funcionarios públicos o el tráfico de influencias.
Anticorrupción: la mejor estrategia de México ante sus aliados
En plena crisis económica agravada por la pandemia de Covid-19, resulta indispensable para el gobierno mexicano la reactivación económica y el reinicio de los sectores productivos manufactureros nacionales; en virtud de ello, el gobierno obradorista ha optado por la implementación de la estrategia anticorrupción como uno de los pilares para recobrar la imagen de certidumbre y seguridad comercial a fin de atraer la inversión a nuestro país.
La estrategia anticorrupción emanada del T-MEC vislumbra sus primeros pasos si analizamos, desde una perspectiva político-económica, los casos de extradición de César Duarte –exgobernador de Chihuahua y probable responsable del delito de peculado por 275 millones de pesos– y el de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado por la alteración y ocultamiento de pruebas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el primer caso, el exfuncionario chihuahuense es arrestado el 8 de julio de 2020 por autoridades estadounidenses en Miami, Florida, precisamente el mismo día en que se llevaba a cabo la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca por motivo del inicio de operaciones del T-MEC. Es evidente que la visita buscaba cumplir con una agenda internacional de acuerdo con los intereses de cada uno de los presidentes, en un contexto más allá del diplomático resulta llamativa la coincidencia de este suceso con la detención del exgobernador apenas unas horas después del encuentro AMLO-Trump. Parece que el regalo de agradecimiento no fuera tan sólo un bat de beisbol, sino también la entrega de uno de los funcionarios priistas prófugos más buscados.
Por otro lado, se encuentra el proceso de extradición de Tomás Zerón. Coincidentemente, el actual titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció públicamente el 30 de junio de 2020, es decir, un día antes de la entrada en vigor del T-MEC, tener conocimiento del paradero de Zerón. Con ello, se dieron inicio las diligencias necesarias para su detención y extradición. Con posterioridad, se dio a conocer que el extitular de la AIC se encontraba en Canadá, convenientemente, el otro Estado parte del T-MEC.
Lo interesante, en este caso, es lo adecuada que resulta la extradición de este exfuncionario en razón de los delitos por los que se le acusa. En comparación con los delitos de Cesar Duarte, a Tomás Zerón se le incrimina principalmente por violaciones graves a derecho humanos, tema altamente relevante para la agenda internacional canadiense. El modo de proceder hace pensar que la estrategia de extradiciones de México estuviera puesta sobre la mesa para agradar y reivindicar su imagen también ante Canadá, sobre la base pública del respeto a los derechos humanos, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones mexicanas en materia anticorrupción.
Anticorrupción, el rostro de México para atraer inversiones
Es sabido que la reputación mexicana se encuentra sumamente dañada en temas de seguridad y combate a la corrupción. De igual forma, aquellas meras promesas y la ilusión de una próspera recuperación en términos económicos no funcionarán mucho tiempo más y menos frente a los socios norteamericanos. Así pues, México pretende –a los pocos días de la entrada en vigor del T-MEC y frente una necesidad urgente de reactivación económica– mostrar y forjar un escenario político nacional estable, seguro y fértil para la inversión, buscando que los gobiernos y empresarios extranjeros perciban una situación de cambio frente a la ya conocida corrupción e inestabilidad en México.
La estrategia anticorrupción puede convertirse en un arma efectiva en términos económicos si se lleva de manera pulcra por las autoridades mexicanas, aunque habrá que esperar la llegada de los extraditados a territorio mexicano, pues el siguiente paso para mantener dicha credibilidad y certidumbre correrá a cargo del Poder Judicial de la Federación, encargado de juzgar y dar cierre a los casos de Duarte y Zerón.
