La sucesión de rectoría en la UNAM
La sucesión de rectoría siempre ha estado ligada al poder político; a la sucesión presidencial. Pero nunca había estado tan estrecha esa relación. La precandidata presidencial más perfilada del partido en el gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene un fuerte vínculo académico y político con la Universidad Nacional, mientras que su oposición -así como la del Presidente Andrés Manuel López Obrador- mejor organizada y más mediática, se encuentra atrincherada en la Máxima Casa de Estudios.
Este escenario coloca a la UNAM como un campo de disputa ineludible. Curiosamente primero se designará -en el mes de agosto- la candidatura de Morena a la Presidencia; el partido que augura ganar en 2024, mientras que la designación para Rector en la Universidad será a finales de año. Esto le da una pequeña ventaja a la élite universitaria, ya que pondrán al sucesor o sucesora en respuesta a quien podría llegar a gobernar el país.
A la élite universitaria le interesan dos cosas por encima de todo:
1) Que quien dirija la institución logre la obtención de recursos económicos y 2) La estabilidad política de la Universidad.
La segunda depende en gran medida de la primera. Los equilibrios políticos son muy frágiles. Se requiere un amplio presupuesto económico para satisfacer las demandas de todos los sectores que conforman la institución.
Pero hay un tercer elemento que complica la designación de rector, y es el inexpugnable orgullo que distingue a cualquier élite como la universitaria. Toda élite es conservadora por definición, pero también, cerrada. Nunca debemos olvidar que su origen es porfirista, que sobrevivieron a la Revolución, al régimen autoritario y al modelo neoliberal.
Es verdad que han estado imbricados al poder político desde la década de los cuarenta, pero decir que los presidentes en turno imponían los rectores es un exceso.
Lo que sí hace la élite universitaria es designar a un rector cercano, o que logre entenderse con el poder político, con el objetivo de garantizar un incremento en el presupuesto universitario, pues depende del Estado en un 90% de sus ingresos. Pero no que se subordine al Presidente. Como cuando Luís Chico Goerne llegó como rector en 1935, la élite lo apoyó por su cercanía con Lázaro Cárdenas, pero cuando aquel organizó una marcha en apoyo al Presidente, no dudaron en destituirlo (1938).
También es cierto que en ocasiones el gobierno provocaba la caída de un rector que lo confrontaba, como fue el caso de Ignacio Chávez en 1966, pero la Junta de Gobierno puso a Javier Barros Sierra, quien también era adversario de Gustavo Díaz Ordaz, en respuesta a su grotesca intromisión en la vida universitaria.
En otros momentos, se daba una simbiosis entre rectoría y el gobierno contra el avance de la izquierda universitaria, como fue el rectorado de Guillermo Soberón que abarcó dos sexenios (Luís Echeverría y José López Portillo) con un incremento del presupuesto sin precedentes.
Por mencionar algunos nombres
En la mayoría de ocasiones, procuran elegir a un personaje que no esté confrontado con el gobierno pero tampoco es que le consulten. Si vemos a los posibles candidatos para este año, según la Ley Orgánica y la tradición no escrita, no hay muchas opciones. Lo primero, es que la Junta de Gobierno es una caja negra, impredecible y caprichosa.
Es un despropósito vaticinar en estas fechas un ganador o ganadora. Mínimo hay que esperar a la definición de la candidatura a la Presidencia, pues no porque exista una candidata bastante perfilada en Morena, se puede asegurar que será ella.
Por la característica de las “reglas” formales y no escritas del proceso de la Junta de Gobierno, puede llegar el menos pensado, de hecho, una cualidad de un “buen candidato” a la rectoría, es lograr la mayor secrecía posible, tejer arriba y convencer a unos cuantos.
Son 10 votos de 15 los que se necesitan para ser rector. Con tres médicos seguidos (1999-2023) desde hace 24 años en la rectoría, todo apunta que seguirá un abogado, ingeniero o de ciencias duras. Se ha mencionado a varias figuras que podrían contender a la rectoría, por ejemplo, Mónica González Contró (actual directora del Instituto de Jurídicas), Luís Álvarez Icaza (Secretario Administrativo de la UNAM), Leonardo Lomelí Venegas (Secretario General de la UNAM), Pedro Salazar Ugarte (exdirector de Jurídicas), entre otros.
No faltarán los suspirantes que contienden sólo para posicionarse en la nueva administración. Los que cuentan con dos o tres votos en la JG y en la recta final, ante una polarización entre dos candidatos, negocian su apoyo como fiel de la balanza.
Abunda en varios medios la opinión sin fundamento sobre el proceso, por lo que, en una próxima entrega, corresponde una radiografía de los que podrían llegar a la contienda con posibilidades reales.
