Reforma eléctrica: un asunto de soberanía y seguridad nacional

José Luis Mondragón Ortiz*

Nos encontramos en un momento coyuntural en el país, pues ante una posible Reforma Eléctrica, las voces y posturas se han manifestado a favor y en contra, siendo la competitividad la principal bandera de los opositores, frente a los supuestos intereses nacionalistas del Gobierno actual para estatizar sectores estratégicos, como el eléctrico, y con ello revivir las épocas de control económico por parte del Estado.

Estado vs. Particulares

Por su parte, los impulsores de la Reforma hablan de la necesidad de que el Estado, a través de sus empresas paraestatales, mantenga la participación mayoritaria en dicho sector, para garantizar una sana competencia entre Estado y particulares. Ambas posturas han expuesto sus principales argumentos, pero el debate se ha enfocado poco en temas de soberanía y seguridad nacional, lo que permitiría apreciar de mejor manera las posturas, y así enriquecer el debate con miras a tomar la decisión correcta para el país.

Por ello, hablemos un poco sobre la soberanía, de la autoridad con la que reviste al Estado y acerca de su encuentro con la competitividad en sectores estratégicos, para trata de comprender hasta qué punto es posible agotar su relación, antes de caer en desproporciones no benéficas para el país. Comencemos por aclarar que la soberanía no conduce necesariamente al nacionalismo, dos puntos que confluyen al momento de hablar del Estado, pero que no precisamente reflejan los mismos intereses.

Soberanía no es lo mismo que nacionalismo

El nacionalismo propone un enaltecimiento de lo propio frente a lo externo, una exacerbación de la identidad depositada en una ideología que normalmente responde a intereses políticos más que culturales. Por su parte, la soberanía habla de la autoridad, la potestad que tiene el Estado frente a otros entes para ocuparse de sus propios asuntos y decisiones, siendo éste el único que goza de legitimidad y legalidad para darles solución, por lo que comparar la defensa de la soberanía con la defensa del nacionalismo es algo completamente distinto.

La defensa de la soberanía en los sectores estratégicos no responde ni se acompaña de la estatización, trata de enfocarse en la regulación del equilibro entre las fuerzas, en este caso económicas, para mantener un sistema de contrapesos en la relación entre el Estado y los particulares. No trata de rescatar ideas de aislamiento económico, por el contrario, apuesta por la apertura, pero desde una posición de aprovechamiento de las ventajas, con miras a salvaguardar la seguridad nacional.

En búsqueda del equilibrio ideal

De manera que, al momento de hablar de competitividad económica en sectores estratégicos, debe procurarse la preservación de la soberanía, uno de los objetivos de la seguridad nacional, ya que a simple vista la competitividad es benéfica para el crecimiento y desarrollo económico de cualquier país, más si se habla de una economía mixta en plena era de la globalización, como lo es la mexicana, pero muy en el fondo su principio de apertura puede volverse perjudicial sin el enfoque adecuado.

La competitividad no puede tomarse a la ligera, pues no puede ser la misma en sectores no prioritarios de la economía como lo es para sectores estratégicos, y la razón es simple: si la competitividad apuesta a la apertura a tal nivel, que el mercado sea el único capaz de regular el desempeño de los sectores estratégicos, sucede que el Estado pierde su autoridad en dichos sectores, privándolo de la regulación de los mismos, pues sería el mercado el único capaz de llevar a cabo tal acción; ahora, el mercado queda compuesto finalmente por entes privados en su mayoría, los cuales pueden apuntalar privilegios competitivos que les otorgue mayor control de los sectores; es decir, la ventaja pasa de manos públicas a privadas, esto significa que el Estado queda sujeto a las condiciones que el mercado -particulares- le marque.

Amenazas a la seguridad nacional

En ese sentido, el Estado pone en riesgo la preservación de su soberanía, vulnerando así la seguridad nacional, pues ya no ostenta autoridad alguna para regular los sectores estratégicos, y con ello impedir la desproporción de las fuerzas económicas, perdiendo así todo contrapeso ante el poder económico privado.

Ahora bien, si se agregan a la discusión los fallos del mercado como monopolios, oligopolios, colusión, principalmente, que en sectores no prioritarios de la economía son bastante perjudiciales, como bien muestra nuestra historia, ahora planteemos la posibilidad que estos se desarrollen en sectores estratégicos, las principales consecuencias que se avecinan es el establecimiento discrecional de tarifas en estos sectores, sin posibilidad de intervención del Estado para regularlas, así como la coacción por parte de los particulares para mantener ventajas y condiciones favorables a sus intereses; por ejemplo, en el sector eléctrico, amenazar con “apagones” si el Estado interviene en sus intereses ¿nos suena familiar?

Regulación de fuerzas y autoridad estatal

Precisamente por ello, el tema de la apertura sin restricciones de sectores estratégicos a interés privados es un tema de seguridad nacional, dado que tal apertura, puede promover una desproporción en la relación entre el Estado y los particulares, pues sin un límite, el contrapeso se perdería, lo que posicionaría al Estado más como un agente que como una autoridad en dichos sectores. Sin tal autoridad de por medio, los particulares -minoría- pueden decidir a discreción sobre los sectores estratégicos, las cuales afectarían a la población -mayoría-, ya sea de manera directa o indirecta: los menos decidirían por los más.

Coexistencia y cooperación para beneficio del país

Con esto no se busca desacreditar a la competitividad, ya que es importante en los sectores estratégicos, pues no todas las necesidades pueden ser subsanadas por el Estado, como tampoco todos los impactos de la economía pueden ser absorbidos por los entes privados, es necesaria una coexistencia y cooperación, pero en relación con los sectores estratégicos, la competitividad necesita tener un límite, el cual no trasgreda la soberanía del Estado, lo cual no ponga en riesgo a la seguridad nacional.

Se trata entonces de pensar en una competitividad limitada en sectores estratégicos, que permitan la participación de entes privados y del Estado, sin riesgos para la seguridad nacional, donde el Estado intervenga como autoridad reguladora, pero también como competidor, procurando así, que el Estado no pueda tener el control absoluto para estatizar los sectores estratégicos, y que, a su vez, los particulares no puedan superar la autoridad de éste.

El futuro deseado

Ese es el límite, que en sectores estratégicos el Estado cuente con la participación mayoritaria del 50 más 1, para no perder autoridad sobre ellos, lo cual le permita preservar su soberanía, y salvaguardar la seguridad nacional, velando claro, por la sana competencia entre Estado y particulares, para contribuir al crecimiento y desarrollo sostenido de la economía del país. Si se quiere ver desde la óptica democrática, las participaciones mayoritarias quedan en manos de los más -Estado- frente a las participaciones de los menos -particulares-, logrando así un contrapeso que impida que alguna de las dos facciones actué de manera desproporcional y perjudicial para la otra.

El debate sobre la Reforma Eléctrica sigue abierto, finalmente como ciudadanos tenemos el derecho de reflexionar y dialogar nuestras posturas, pero tratando de realizarlo desde varios enfoques para lograr conciliar la mejor decisión que beneficie a la población en general, y que impulse el desarrollo del país hacia un futuro sostenible, soberano y seguro, que bien puede ser alcanzado por medio de los sectores estratégicos del país.

Sobre el Autor:

Maestrante de Administración Pública y Licenciado en Filosofía.

Twitter: @jluismondragon7