La necesaria continuidad de la 4T

Pocas veces en los tiempos modernos, el devenir de México ha dependido tanto de un momento histórico como el que actualmente se vive. De igual forma, hoy en día la participación ciudadana es de tal forma crucial, que su ausencia significaría un grave retroceso para un país que está dando pasos importantes hacia un mejor porvenir. Este domingo seis de junio México estará ante una encrucijada: elegir entre la continuidad de un proyecto nuevo, con un sentido social y humanitario, o el retroceso al sistema que por décadas lo llevó a su destrucción. Por desgracia, esto no es una visión maniquea: se trata de la situación de un país muy golpeado por la corrupción y el saqueo.

En 2018, por primera vez en muchas décadas, llegó al poder un gobierno con el legítimo propósito de llevar a la práctica un programa integral con orientación social. Los últimos cinco gobiernos se dedicaron a desmantelar el Estado de bienestar y redujeron al mínimo sus facultades de control sobre el mercado y sus funciones de apoyar a los sectores desfavorecidos. Se convirtió en un Estado subsidiario de grandes monopolios, destruyendo la infraestructura social, y rematando los bienes de la nación.

Los resultados están a la vista: millones de mexicanos en extrema pobreza y millones más sin posibilidades de crecimiento; una inseguridad atroz, una economía destruida y dependiente; una sociedad sin trabajo, sin derechos laborales, sin acceso a la educación y a la salud. Y lo que resulta más dañino, una corrupción sin límites que se agudizó a niveles inimaginables en la última administración. Durante décadas, el gobierno fue un botín para financieristas ambiciosos y sin escrúpulos. En contraste, el programa que el actual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha venido diseñando desde las elecciones del 2006, tiene como eje rector la recuperación social en todos los ámbitos. Y a dos años del inicio de su mandato, los resultados son visibles: se ha elevado a rango constitucional programas sociales: pensión a adultos mayores, becas a estudiantes, apoyos a personas con discapacidad. Igualmente ha quedado asentado en las leyes el derecho universal a la salud y se han defendido las condiciones laborales.

Se han construido universidades, se han elaborado enormes programas de reforestación; se ha apoyado a pequeños y medianos empresarios, a agricultores y jornaleros. Además, el programa obradorista ha puesto en marcha el rescate del sector energético, que va desde una reforma eléctrica, la construcción y remodelación de refinerías, la revisión de contratos lesivos para PEMEX y la CFE, y el combate al robo de combustible. Para decirlo en pocas palabras, las fisuras, errores y carencias que el actual gobierno tiene, no han desvirtuado el programa social original, y en eso reside su mayor virtud.

Este domingo seis de junio se elegirán quince gubernaturas, quinientas senadurías y más de veinte mil puestos de elección popular. Los comicios son fundamentales no sólo por la cantidad de funcionarios que tomarán cargo, sino porque se decidirá la persistencia del proyecto impulsado por el presidente López Obrador. Enfrente se han conglomerado las élites económicas y políticas ya conocidas, y su aparato operativo que incluye, básicamente, la cúpula financiera mexicana, intereses económicos internacionales, medios masivos y algunos partidos políticos.

La piedra angular se concentra en el sector empresarial representado por Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX, y el oscuro multimillonario Claudio X González Guajardo, quien opera desde su organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”. Hijo de otro poderoso magnate, Claudio X González Laporte (presidente del Consejo de Kimberly Clark México y por muchos años líder del Consejo Mexicano de Negocios), Gónzalez Guajardo impulsó la Reforma educativa en el gobierno de Enrique Peña Nieto desde la asociación “Mexicanos primero”. El actual Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, ha denunciado que Claudo X González posee alrededor de ocho fundaciones, de las cuales, únicamente en las dos mencionadas líneas arriba, recibía alrededor de 10 millones de pesos anuales del erario público.

Para las actuales elecciones, Claudio X González fue el elegido por las élites para formar un bloque para detener a la Cuarta Transformación. En el ámbito político, la alianza cuenta con PRI, PAN y PRD, un grotesco Frankestein creado para la subsistencia de los viejos partidos. Sin ideología, sin liderazgo, sin credibilidad, sin base social, sin un programa de gobierno definido, la alianza opositora se ha dedicado a boicotear todo lo que ha hecho el actual gobierno. Además, le han apostado a la guerra sucia y a divulgar un mar de calumnias, con la esperanza de que esto tenga los mismos efectos que en las elecciones del 2006, cuando se infundió la idea de que AMLO era “un peligro para México”.

Lo único que comparte la guerra sucia actual con la llevada a cabo quince años atrás, es que la alianza cuenta con el apoyo de la mayor parte de los medios masivos. También cuentan con un grupo de intelectuales que crecieron al amparo del viejo régimen, y que ven amenazados sus intereses. Estos “intelectuales”, insensibles a las problemáticas sociales, piensan que la democracia es aquella que no les pone ningún obstáculo para llenarse los bolsillos, así tengan que empeñar su pluma, o comprometer su juicio. Este tipo de “crítica”, desde luego, se limita a señalar a la 4T, pero no toca a los poderes mayores: mediático, empresarial, narcotráfico, órganos judiciales y electorales corruptos. Hablan de la necesidad de contrapesos, pero omiten que el país aún es gobernado en buena parte por esos viejos partidos.

Omiten la enorme estructura de corrupción que legaron las administraciones pasadas, y no tocan a ninguno de sus personajes, sean expresidentes, exgobernadores o gobernadores en activo, como es el caso del narco gobernador desaforado Francisco García Cabeza de Vaca, del cual han guardado absoluto silencio. También guardan silencio ante exfuncionarios bajo procesos judiciales: Rosario Robles, Genaro García Luna, Emilio Lozoya. Y es en su sesgo donde reside el fracaso de la crítica de estos intelectuales de la oposición: se enfocan exclusivamente en la figura del presidente y el partido que los respalda. Una crítica cíclope. O deliberadamente ciega.

Por supuesto, el llamado de la alianza opositora no puede tener un efecto importante en la ciudadanía, porque en esencia le piden un voto de olvido: dar su confianza a partidos que apenas un sexenio atrás devastaron al país, y cuyos rostros y mecanismos siguen siendo los mismos. ¿El PRI y el PAN de pronto se presentan nuevos, limpios y sin antecedentes? ¿Desaparecieron los Salinas, los Calderón, los Fox, los Peña Nieto? ¿Nos piden votar por ellos después de la narco-guerra que dejó cientos de miles de muertos y zonas enteras del país gobernadas por el crimen organizado? ¿Se presentan como “El nuevo PRI” de Peña Nieto, del cual seis gobernadores terminaron en la cárcel y otros tantos prófugos? ¿De verdad en esa concepción tienen a los votantes?

El fracaso de la oposición es consecuencia de un absurdo descomunal: alertan de un riesgo posible, cuando aún no hemos salido del horror de un riesgo ya comprobado. Del 2006 a la fecha nuestro país experimentó uno de sus periodos más oscuros; pero hoy vienen a decirnos lo peligroso que sería apoyar las políticas de López Obrador. ¡La democracia está en riesgo!, vociferan. Por increíble que parezca, apuestan a la amnesia apenas dos años después de que la mayor votación de la historia de México los expulsó del poder.

Cuál es entonces el verdadero riesgo. Un Instituto Nacional Electoral parcial y omiso, es un peligro, sobre todo cuando lo hemos visto intervenir a favor de la oposición. También resulta un riesgo si eventualmente, algún grupo de magistrados del Tribunal Electoral apoya las posibles impugnaciones que vendrán de candidatos de la oposición no favorecidos con los resultados. Los gobiernos locales controlados por esos partidos, lógicamente favorecerán a sus candidatos en lo judicial, e incluso impidiendo el voto por medio de la violencia de grupos del narcotráfico. Ya es bien conocido el ambiente de terror que en muchos estados se vive con las ejecuciones de candidatos de diversos partidos.

Por si fuera poco, al proyecto obradorista lo ronda el fantasma de un golpe blando. La intervención de los intereses estadounidenses mediante el financamiento de las organizaciones de Claudio X González, ya ameritó un reclamo directo del Presidente de la república, y ya tensó las relaciones entre ambos países. Los encabezados alarmistas y tendenciosos de medios internacionales como The Economist, Le Monde y Die Welt (donde se habla del “mesianismo” y el “hiperipresidencialismo”, hasta la “oportunidad de frenar” el proyecto de AMLO), nos indica que no son pocos los intereses fuera del país preocupados por los comicios del seis de junio.

El involucramiento de la OEA y su Secretario general, Luis Almagro, va creciendo al grado de que éste ya tuvo una confrontación con el actual canciller mexicano Marcelo Ebrard. No sería una sorpresa, si el día de mañana la OEA inunda la opinión pública internacional con reportes negativos en torno a las elecciones en México, como lo hizo en Bolivia antes del derrocamiento del presidente Evo Morales en el 2019.

Por fortuna, hoy en México no existen las condiciones para que se de un golpe como el que han sufrido otros países de América latina. El apoyo popular a López Obrador es amplio, así como el respaldo de las Fuerzas armadas, la mayoría de la Cámara de diputados, y una parte importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aunque la oposición promoverá cualquier cantidad de demandas, y aunque acudirá a todas las instancias nacionales e internacionales posibles, promoviendo la “falta de democracia” que vive México, su derrota en estas elecciones intermedias está a la vista.

Sin embargo, no hay que perder de vista que los primeros pasos para que sea posible un golpe de Estado, es consolidar la idea al interior y el exterior, de que en México se vive una “dictadura”, y que por lo tanto es necesario “liberarlo”. Curiosamente los encargados de esa “liberación” son los grupos políticos y económicos que fueron desposeídos. A la oposición le urge en México un Juan Guaidó y una Jeanine Áñez. Por fortuna, esto no ocurrirá.

Pero lo que hoy se vive es un llamado de atención. Si el partido Morena no se apuntala en la confianza popular, si los gobernadores que este domingo resulten triunfantes a favor de la causa obradorista no cumple con su trabajo, y si no se construye una inmensa corriente ciudadana que respalde a la Cuarta Transformación de cara a las elecciones del 2024, ante la eventual ausencia de Andrés Manuel López Obrador, el país está en peligro.

Los lobos volverán sedientos de territorio y de sangre. Es tarea de todos y todas sacarlos para siempre de la vida pública de México.

El proyecto obradorista apenas ha dado sus primeros pasos. La destrucción provocada en décadas no se reconstruirá en seis años, ni en doce. Hacen falta reformas en todos los ámbitos que dejen bien puestos los pilares de una Constitución con orientación social y que contenga leyes que garanticen la dignidad y la integridad humana.

Los fantasmas del fraude y del golpe blando solo podrán disiparse con una amplia participación ciudadana. La misma que requiere la Cuarta Transformación para representar dignamente las demandas más diversas.