AMLO firma solicitud para juicio a expresidentes y enlista los agravios

En un hecho histórico, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la solicitud, dirigida a la Cámara de Senadores, para poder realizar una consulta entre los mexicanos y conocer si deciden realizar un juicio a los expresidentes mexicanos, “previa investigación y de acuerdo con el debido proceso”. El juicio corresponde al periodo comprendido entre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1988, hasta el recientemente concluido en 2018, de Enrique Peña Nieto.

El presidente leyó una lista de 16 puntos, donde detalló los artículos constitucionales que posibilitan el juicio a los expresidentes. Los hechos “revisten una gravedad tal” que requieren ser sometidos a este procedimiento, es decir, a la consulta.

Destaca, en la lectura, la lista de agravios cometidos por los expresidentes, de los cuales se hizo una síntesis de lo que al presidente le parece más grave. En la lista se mezclaron delitos con políticas neoliberales que empobrecieron a millones de mexicanos mientras un puñado se hacía multimillonario.

Los juicios se harían a partir del sexenio de Carlos Salinas porque con él comenzó el periodo neoliberal, dijo el presidente. Salinas comenzó con la privatización de bienes de la nación, con lo cual, unos cuantos, en pocos años, pasaron a las listas de los más ricos del mundo. La venta del patrimonio nacional fue en detrimento de los mexicanos.

Ernesto Zedillo “rescató” a la banca privada, quienes con fraudes se declararon en quiebra. La deuda adquirida para “rescatarlos” fue por un monto de 552 mil millones de pesos. Esta deuda, originalmente de los banqueros, Zedillo la trasladó hacia los ciudadanos y el gobierno creó el Fobaproa. Hasta la fecha, se han pagado, sólo de intereses, más de 700 mil millones, mucho más de la deuda original, pero aún se deben dos billones. Cabe destacar que, en su momento, los medios dijeron que la deuda se pagaría en 20 años, los cuales ya pasaron. López Obrador dice que se terminará de pagar en el 2070.

Vicente Fox ocupó la presidencia desde el año 2000. Con él, llegó una posibilidad democrática al país, pero la traicionó. En diversas entrevistas, el expresidente ha declarado su participación directa para ensuciar las elecciones. Los delitos electorales que él mismo ha aceptado y se ha jactado de ellos, nunca han sido investigados por las autoridades pertinentes. Delincuente confeso, Vicente Fox, fue amparado por el Tribunal Electoral, el cual legalizó el “turbio proceso electoral del 2006”.

Felipe Calderón merece ser enjuiciado porque, desde el inicio de su sexenio, declaró una supuesta guerra contra el narcotráfico, a pesar de que organizaciones, periodistas, académicos, políticos, etcétera, le advirtieron del peligro que esto representaba para los mexicanos. Lo más grave: mucha gente le señaló los indicios de que Genaro García Luna ere cómplice de distintas bandas delincuenciales. Aún así, lo designó como responsable de dicha guerra. Ahora se sabe que Genaro García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa y los nexos de Calderón con la delincuencia, cada día afloran más. Esto sólo demuestra una “extremada irresponsabilidad o complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.

Con Enrique Peña Nieto, desde su campaña para la presidencia en 2012, se señaló la enorme cantidad de dinero de procedencia desconocida, sin que las autoridades del Instituto Federal Electoral hicieran algo al respecto. La elección, a pesar de tener serias irregularidades, no fue anulada por el Tribunal Electoral. Actualmente, gracias a las declaraciones de Emilio Lozoya, se sabe que parte de ese dinero era producto de sobornos de Odebrecht, pagados de forma anticipada para promover la reforma energética. Con ese dinero extranjero, se pagó a legisladores del Partido Acción Nacional para aprobar dicha reforma y entregar el petróleo mexicano a empresas de otros países, especialmente a Odebrecht.

Esos fueron los argumentos del presidente de la República para solicitar el juicio a los expresidentes “por delitos imprescriptibles que los mencionados habrían cometido o habrían podido cometer en el ejercicio de la presidencia”. La pregunta, para emprender el juicio, que se haría a los ciudadanos sería la siguiente:

Está de acuerdo, o no, con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante, o después de sus respectivas gestiones.

La petición, le reafirma López Obrador al senado, está en tiempo y forma.