Alta traición: el caso Lozoya
Frida López Rodríguez*
En la madrugada del 17 de julio llegó Emilio Lozoya al aeropuerto internacional de la CDMX, quien encarna la red de complicidades entre dos de los partidos que mantuvieron el control de la política en los últimos treinta años. A su vez, representa el modelo político-económico entreguista que ha condenado a México a un retraso social agudo durante el neoliberalismo. Su llegada, por acuerdo con la Fiscalía General de la República, bajo la figura legal de “criterio de oportunidad”, evidencia un resquebrajamiento en las altas cúpulas del país: esto forzará a algunos a cambiar sus orientaciones y sus respectivas agendas.
Lo que se avecina con su detención
Lo cual, para comenzar, es una buena señal para la pluralidad que tanto han venido deseando tanto empresarios como analistas políticos para la consolidación de la democracia política. La extinta hegemonía bipartidista formada por el PRI y el PAN, ante el juicio que se avecina por sobornos a varios legisladores en el caso de la reforma energética aprobada en 2013, según lo testificado por el ex director de PEMEX en España, será exhibida en sus componendas y ello pondrá en entredicho la lealtad a conveniencia de varios políticos que la conformaron.
Esto no es menor: la corrupción en nuestro país es un fenómeno que no puede funcionar sin consenso, por ende, esta oportunidad para dividir a lo que fueron las fuerzas hegemónicas en la historia contemporánea del país es un suceso sin precedentes. Lo que fue el establisment a la mexicana será puesto a prueba.
La larga lista de los implicados
Además de los implicados evidentes en el caso, como lo son el ex Presidente Enrique Peña Nieto, el ex Canciller Luis Videgaray y su operadora la Senadora Vanessa Rubio (quien viajó a Londres por “proyectos académicos”), el columnista Mario Maldonado (El universal, 17 de julio) señala que en este caso al menos cinco gobernadores en funciones del PAN podrían resultar involucrados: José Rosas Aispuro, de Durango; Francisco Dominguez, de Queretaro; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Martín Orozco, de Aguscalientes y Francisco Javier García, de Tamaulipas; además de la propia hermana del ex Presidente Calderón: Luisa María Calderón.
En la mira también se incluye al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en ese entonces coordinador de los Senadores del PRD. Estos son algunos de los nombres que figuran como presuntos culpables, ¿qué tan contundente será el poder judicial al investigar este caso?
El problema crónico de la corrupción
Además del impacto positivo que hemos enunciado respecto a la forma en cómo se ha realizado la política en México, debe considerarse la dificultad de encausar con éxito el presente juicio dado que el poder judicial sufre de una evidente crisis de legitimidad. No es ningún secreto que a la par del desarrollo del narcotráfico creció toda una red de ministerios públicos, jueces y magistrados subordinados a él y ligados con los intereses económicos del neoliberalismo. Por ello, resulta importante entender que este proceso podría no centrarse en los culpables sino en impulsar cambios en las relaciones de poder que beneficien al proyecto social y de gobierno en turno.
La reforma energética de 2013
Además, la reforma energética es una deuda histórica. Según lo investigado por la periodista Laura Castellanos (Crónica de un país embozado 1994-2018, 2018), su aprobación implicó la claudicación del Estado a su soberanía sobre la explotación de los hidrocarburos obtenida hace décadas por la proeza de Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo en 1938. La Ley de Hidrocarburos vigente puede obligar a la sociedad mexicana a rentar sus tierras para que empresas petroleras, en su mayoría extranjeras, las exploten.
Esta ley ha afectado a varios de los estados más pobres como Oaxaca y Chiapas, territorios en donde comuneros y trabajadores agrarios han sido obligados a entregar sus propiedades por cantidades miserables bajo condiciones de intimidación y desprotección legal.
Se espera que con la apertura del caso por corrupción en la reforma energética pueda hacerse frente a esta situación, la cual es una grave falta a la soberanía y al desarrollo económico con justicia en el país. Si en términos legales no pueden eliminarse los beneficios mal adquiridos por las empresas petroleras, al menos este caso podría situar al Estado mexicano en mejores condiciones para ejercer la administración de los hidrocarburos en una escala internacional.
Esperemos que sea más que una “entrega de cabeza”
En este sentido, el caso Lozoya es un fenómeno de alta traición histórica, política e internacional que merece la atención de los mexicanos así como un prudente seguimiento que no se satisfaga sólo con la estrategia publicitaria de “entregar cabezas” del antiguo régimen: lo que más se necesita son cambios estructurales que aseguren el bienestar de la población a largo plazo.
* Tesista de la Licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Integrante del Consejo Consultivo de Jóvenes de Cultura UNAM y del Consejo Editorial de la Revista de la Universidad. Fue representante estudiantil en el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de la UNAM de 2016 a 2018.
