Calderón; el obscuro historial de un asesino mayor

Un criminal impune

Felipe Calderón Hinojosa es el mayor asesino que haya visto México en décadas, porque los miles de muertos producto de su falsa “guerra contra el narcotráfico”, se multiplicaron a lo largo de dos sexenios. Calderón ejecutó, desde la cabeza, uno de los mayores genocidios contra la población civil mexicana al poner al servicio del crimen organizado la seguridad pública federal, lo cual arrojó además de un baño de sangre, la destrucción del tejido social y la descomposición de la estructura del gobierno.

No es un delincuente común de los que llenan los titulares de la nota roja. Estos por lo regular terminan en la cárcel, con penas eternas y sumidos en la más absoluta miseria. Pero criminales como Calderón son mucho peores, pues se trata de asesinos de cuello blanco que, cobijados por una enorme impunidad, jamás dan la cara. Los crímenes de los cuales es responsable (era el jefe del ejecutivo y de las fuerzas armadas), hoy quiere adjudicarlos a subordinados, argumentando un inverosímil desconocimiento. Así nos damos cuenta de que el usurpador michoacano es de una infinita cobardía: gozó de los multimillonarios sobornos del narcotráfico, pero jamás vio a la muerte al rostro. Calderón es un ser mediocre, descrito por Carlos Castillo Peraza como: “inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y personas”. Así se refiere de él su propio maestro.

El periodo calderonista se identificó por destrozar todo lo que compone la integridad humana, comenzando por la vida misma. El suyo fue un narcoestado homicida, donde el gobierno covirtió la vida de millones de mexicanos y migrantes en una mercancía que vendió al crimen organizado. Pero no actuó solo; sus acciones estuvieron cubiertas por un conjunto de sectores que protegieron sus crímenes: órganos de impartición de justicia, empresarios corruptos, medios masivos de comunicación, políticos y expresidentes. El país vivió una de las mayores devastaciones de las que se tenga memoria. Una devastación por la que Felipe Calderón aún no ha rendido cuentas.

Un fraude desde sus cimientos

Calderón llega al poder luego de un monumental fraude electoral, donde la cúpula mexicana cerró filas para aplastar la voluntad ciudadana que había elegido al entonces candidato López Obrador. Julio Scherer García recrea este hecho en su libro Calderón de cuerpo entero (2012): “En la batalla electoral de 2006, los negocios al amparo del poder, los pactos ominosos, la alteración y falsificación de documentos, las intercepciones telefónicas, las calumnias, la difamación, las reuniones semisecretas, las secretas, y los golpes bajos de la grilla fueron cosas que ocuparon hasta los segundos de los medios electrónicos y los espacios arrinconados de las publicaciones impresas”. Scherer exhibe millonarias facturas expedidas a la empresa Hildebrando S.A de C.V en abril del 2006 (encargada del cómputo electoral), lo que nos da una idea de la cantidad de dinero que fluyó a los órganos encargados de realizar las elecciones para convalidar el latrocinio.

Para la posteridad quedarán las elecciones del 2006 como las más fraudulentas del México moderno, más aún que las de 1988, que llevaron a la presidencia a otro criminal: Carlos Salinas de Gortari. El fraude no sólo dejó ver la corrupción de los órganos de impartición de justicia, el IFE, el Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, que guardaron silencio y validaron el mega atraco, sino que dejó una profunda escisión entre los usurpadores y los millones de agraviados. No iba a haber reconciliación posible.

El baño de sangre: 120 mil muertos

No es fácil conocer el número real de muertos que provocó la guerra calderonista, porque muchos fueron desaparecidos o arrojados a fosas comunes. Sin embargo, un cálculo plausible lo hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en junio de 2013, donde, basándose en registros administrativos de entiades federativas, habla de 121 mil muertos causados por la guerra. Estos datos palidecen aún más si pensamos que son el resultado de una política de gobierno. Una de las primeras medidas del sexenio calderonista fue el “Operativo Michoacán” (diciembre del 2006), donde se lanza contra los cárteles del narcotráfico, más como una medida intimidatoria para legitimarse que una acción real contra el flagelo de la droga.

En 2008 pone en acción, en acuerdo con los Estados Unidos, el “Plan Mérida”, una copia del “Plan Colombia” (2001) concebido supuestamente para reforzar las capacidades militares en el combate al “narcoterrorismo” (una infiltración militar del país del norte disfrazada de combate al crimen), y que dotaba de miles de millones de dólares para la compra de equipo, tecnología y capacitación. Muy lejos del caso de Colombia, donde había grupos armados política y militarmente definidos, en México el fenómeno del narcotráfico está arraigado a la vida diaria de miles de comunidades, por lo que abrir fuego en las calles significó un río de sangre civil.

Por si fuera poco, esta masacre estuvo sutentada y alimentada por la corrupción: desde los primeros momentos del calderonismo, comenzó a correr información en torno a que la espectacular batalla contra el narco era falsa, y que más bien, se trataba de poner a la policía federal a disposición del Cártel de Sinaloa para eliminar a sus enemigos. Las consecuencias de este operativo fue un incremento brutal de la violencia en todo el país. Es decir, se hizo del uso de la fuerza un gran negocio; se abandonó la educacion, la salud y la economía popular, para direccionar la fuerza del estado a la promoción de la muerte: miles de millones invertidos en una guerra donde los ganadores fueron el gobierno y el propio narcotráfico.

Se sabe por el el diario de Vicente Zambada Niebla publicado por la periodista Anabel Hernández en su libro El traidor, que el narcotráfico tuvo acuerdos con el gobierno mexicano desde los años sesenta y setenta bajo una cierta pax mafiosa. Sin embargo, en los gobiernos panistas la relación entre gobierno y narcotráfico se estrechó de tal forma que se convirtió en un cogobierno: los millones de los carteles fluyeron para imponer presidentes municipales, jueces, cargos militares en todos los niveles, gobernadores y, por supuesto, presidentes.

La estela de oscuridad

Quedará Calderón como un traidor a la sociedad mexicana, no sólo porque aplastó la voluntad popular, sino porque ya en el poder se dedicó a gobernar sistemáticamente contra ella. Quedará como quien se vendió en campaña como el presidente del empleo, pero echó a la calle a 43 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Destruyó la seguridad nacional desmantelando a la Policía Federal y al ejército mexicano para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa; protegió a los generales coludidos con el narcotráfico y encarceló a aquellos que querían cumplir con su trabajo.

Su poder destructivo alcanzó a su propio partido, pues al no quedar un candidato de su predilección que lo sucediera, atacó a Josefina Vázquez Mota para que llegara debilitada a la contienda presidencial del 2012, y prefirió devolver el poder al PRI. Además, entregó al Cártel de Sinaloa el aeropuerto de la ciudad de México y a los Beltrán Leiva el de Toluca, gracias a la intermediación de su aliado Enrique Peña Nieto.

El de Calderón fue un gobierno donde sistemáticamente se violaron los derechos humanos, se fabricaron culpablesy se hicieron montajes, como la “captura” de Florance Cassez y Edgar Vallarta. Destruyó también a las organizaciones civiles que cuestionaron su “guerra contra el narcotráfico” y que lo exhibían como un asesino; y auspició a personajes siniestros como Isabel Miranda de Wallace, falsa luchadora social (jamás se comprobó que su hijo fuera asesinado) para lavar las manos de Calderón. No olvidemos que Nestora Salgado, actual senadora y excomandante de las policías comunitarias guerrerenses, declaró que fue torturada por órdenes de Miranda de Wallace.

Tanta fue la corrupción en su gobierno, que miembros de su propia estructura no estuvieron a salvo del baño de sangre. Basta con mencionar la muerte del Secretario de gobernación, Juan Camilo Mouriño y de José Luis Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas de la PGR, quienes fallecieron al desplomarse el avión que los traía de un vuelo de Zacatecas a la Ciudad de México. Desde los hechos ocurridos en 2008, nadie creyó la versión del “accidente”, y en cambio dos tesis tomaron fuerza: un ajuste de cuentas del Mayo Zambada por la traición y captura de su hermano el Rey Zambada; o incluso el propio García Luna se habría deshecho de dos funcionarios incómodos para él (Vasconceslos y Mouriño sabían del lodazal con el narco).

Lydia Cacho documentó unos días después de la caída del avión, cómo el propio García Luna llamó por teléfono a Vasconcelos para que ocupara su lugar en aquél viaje fatídico, ya que él “no podía”. Está el hecho, además, de que miembros de la AFI habrían resguardado el avión en el hangar de San Luis Potosí antes de despegar. Igualmente, es preciso subrayar que José Luis Santiago Vasconcelos ya le había advertido a Vicente Fox la trayectoria delictiva de Genaro García Luna. Tres años más tarde, otro Secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, moría junto con otros siete funcionarios por el desplome del helicóptero donde viajaba en los límites entre Chalco y la capital mexicana. De nuevo las suspicacias salpicaron la tragedia.

El general Mario Arturo Acosta Chaparro (viejo represor de guerrilleros y aliado del narcotráfico), quien relató a la periodista Anabel Hernández cómo acudía a reuniones con jefes de los cárteles por indicaciones directas del propio Felipe Calderón, fue asesinado en abril de 2012, porque representaba una pieza clave en una eventual investigación. Periodistas como Ricardo Ravelo han revelado cifras de hasta cuánto ascendía el monto de los sobornos que el gobierno recibía del Cártel de Sinaloa: por ejemplo la SEIDO, dirigida por Noé Rodríguez Mandujano y después por Marisela Morales, y la PGR encabezada entonces por Eduardo Medina Mora, cobraban hasta 500 mil dólares al mes por ofrecer información de los otros cárteles. El propio Rodríguez Mandujano tras ser liberado luego de permanecer cinco años en prisión, declaró que la supuesta estrategia calderonista contra el crimen organizado había sido un completo engaño.

Calderón lo sabía todo

Calderón no puede pretender engañar a la sociedad mexicana, diciendo que él no conocía los vínculos de García Luna con el crimen organizado. En febrero de 2006, aún como candidato a la presidencia, en un evento proselitista realizado en una salón de la colonia del Valle, la periodista Lydia Cacho le reclamó que las redes de trata y de narcotráfico eran las mismas, y que si de verdad quería “acabar” con ellas, debía comenzar por limpiar la Agencia Federal de Investigación: “Genaro García Luna es un criminal y está protegiendo a los cárteles que se dedican a la trata y explotación de mujeres y que son parte importante de los feminicidios seriales de Juárez, Chihuahua y Matamoros. Y su respuesta fue muy puntual: los enfrentaré caiga quien caiga. Se lo dije enfrente de Josefina Vázquez Mota y de toda la prensa internacional que nos acompañaba”. De esto ha dejado constancia Lydia Cacho en su libro Memorias de una infamia (2008) y en numerosas entrevistas. La periodista también recuerda que en campaña, Calderón prometió aplicar la justicia contra el pederasta Mario Marín, y ya como presidente electo se apresuró a aliarse con el exgobernador de Puebla.

El general Tomás Ángeles Dauahare, quien sirvió cuarenta años al ejército, fue Subsecretario de la SEDENA con Fox, y competía por la titularidad de dicha dependencia, cuando entregó a Calderón un nutrido expediente donde detallaba los vínculos de exfuncionarios foxistas que estaban relacionados con el narcotráfico; además, señaló a Genaro García Luna como cómplice del Cártel de Sinaloa. ¿Cómo recompensó Calderón a Dauahare? Metiéndolo a la cárcel bajo falsas imputaciones. El viacrucis que sufrió el general, su familia y su abogado, pasaron por la persecución y la tortura.

En febrero del 2008, el Coordinador de Seguridad Regional, Comisario General Javier Herrera Valles envió una extensa carta a Felipe Calderón donde le informaba del desmantelamiento de las estructuras policiacas por parte de Genaro García Luna, quien despidió a elementos en puestos clave para imponer a sus allegados, gente corrupta y sin ninguna experiencia, lo cual se tradujo en un desastre a la hora de salir a las calles.

En su carta denunció Herrera Valles la ineficacia de García Luna en su “combate” en contra del crimen organizado, cuyos torpes operativos de mero “relumbrón” provocaron un “incremento alarmante” de ejecuciones en las zonas con presencia policiaca. Menciona asesinatos de miembros de la AFI y la PFP que nunca se informaron; la nula coordinación con otras dependencias de seguridad; detenciones extrajudiciales, y además exhibe nombres que después harían una promisoria carrera delictiva junto al súper policía: Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.

Finalmente, Herrera Valles le pide al presidente Calderón que haga una investigación a fondo: “respetusamente le solicito investigue y verifique las plantillas del personal que integran las Coordinaciones de Inteligencia, Fuerzas Federales de Apoyo, Administración y Servicios, Unidad de Desarrollo, Administración y Servicios, Instituto de Formación Policial, y Transportes Aéreos, mismas que están infestadas por sus incondicionales, y donde hay un sin número de irregularidades”.

Desde luego, la petición de Herrera Valles tampoco fue atendida y en lugar de ello corrió con la misma suerte de Dauahare: fue detenido, torturado y encarcelado bajo cargos falsos. Herrera Valles levantaría una reclamación de daño patrimonial contra la Fiscalía General de la República, y una denuncia penal contra Marisela Moraes por las violaciones cometidas en su contra.

A los periodistas que cuestionaron al expresidente o a su familia fueron perseguidos, como Jesús Lemus, reportero michoacano quien fue secuestrado y encarcelado por haber descubierto las conexiones de Luisa María Calderón Hinojosa “Cocoa” con el cártel de Los Caballeros Templarios. El sexenio calderonista registra el mayor número de periodistas asesinados (48), y donde a consecuencia del crecimiento del narcogobierno en gran parte de los municipios del país, ejercer el oficio se convirtió en una labor suicida.

Tampoco hay que echar en saco roto las declaraciones de Edgar Valdéz Vilarreal La Barbie, quien por medio de una carta divulgada hacia finales de 2012, habla de quienes recibían sobornos del narco en el gobierno calderonista, entre los que señala directamente al presidente: “mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona, por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de la delincuencia organizada”.

“Tuvo que estar cerebralmente muerto para no enterarse”, declaró recientemente el experto en seguridad Edgardo Buscaglia al mencionar la “amnesia selectiva” de Calderón: “Yo mismo me reuní en 2010 con el Secretario de Gobernación Blake Mora, para manifestarle mi preocupación por la infiltración del Cartel de Sinaloa en la Secretaría de Seguridad Pública”.

Prisión o impunidad

A raíz de la detención de Genaro García Luna en diciembre pasado y del proceso judicial que se lleva en su contra en Nueva York, los reflecores cayeron sobre el jefe directo de quien ya enfrenta cargos por narcotráfico. En efecto, Calderón no sólo sabía, sino que era la cabeza de toda una estructura criminal. Sin embargo, la expectativa está puesta en el juicio a García Luna, ya que Estados Unidos cuenta con los suficientes elementos para involucrar y juzgar al expresidente mexicano. Periodistas como Dolia Estevez dicen que con toda certeza en el país vecino tienen un grueso expediente sobre Felpie Calderón y su relación con el crimen organizado, pero todo dependerá de “si les conviene en este momento cargar las baterías contra él”. Es cuestión de tiempo.

Líneas de investigación hay de sobra: existen denuncias contra Calderón y su gabinete de seguridad en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, donde abudan los homicidios de civiles en retenes militares, ejecuciones extrajudiciales, torturas para lograr autoinculpaciones, desapariciones forzadas, violaciones cometidas por elementos del ejército, esclavización de migrantes por parte de funcionarios coludidos con el narcotráfico.

El escándalo por el operativo Rápido y Furioso que dotó de armas provenientes de Estados Unidoos al Cártel de Sinaloa, puede aportar otros elementos de prueba, según Edgardo Buscaglia: “La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional tiene un artículo que se refiere a las entregas controladas, por lo cual es legalmente imposible que el Attorney General (la Fiscalía General) de Estados Unidos no haya avisado a las autoridades mexicanas”.

El gobierno de Calderón fue un tétrico recuento de violaciones a los derechos humanos; brutales masacres como las de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, y muchas otras como la de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por fuerzas federales, y que fueron cobardemente tachados como narcotraficantes. Tortura, secuestro, despojo, miseria. Y en una palabra: muerte. Tampoco pasaremos por alto que al término del sexenio, el gobierno de Barack Obama premió a Calderón con un diplomado en la Universidad de Harvard para limpiar la sangre derramada a lo largo de su turbio mandato.

Las pruebas que se vayan desahogando, audios, videos, cartas. sólo cerrarán con candado de hierro la carrera del mayor homicida que ha visto el país en muchos años. La sociedad mexicana no olvidará nunca los crímenes de Felipe Calderón, y sólo la prisión podrá atenuar, como mínima demostración de justicia, el daño irreparable que causó.