Primer informe: seguridad, la deuda pendiente

Vestido de multitud, el zócalo capitalino recibió el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 365 días después de que el presidente celebrara en ese mismo espacio el inicio de su mandato, 250 mil personas, según reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se dieron cita frente al Palacio Nacional para escuchar al tabasqueño “rendir cuentas” al pueblo de México.

 

En punto de las 11 horas del pasado domingo 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador subió al escenario montado para la ocasión. Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, saludó a los cientos de miles que le ovacionaban y tomó la palabra: “Amigas, amigos: el cambio que estamos realizando está a la vista. En el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público. Ahora, las reformas a la Constitución tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo”, pronunció en medio de un silencio que ayudaba a hacer eco a su voz.

 

Frente a empresarios, gobernadores, legisladores y otros invitados especiales, López Obrador inició un discurso que se prolongaría hasta pasado el medio día. En él, numeró las acciones que hasta ahora ha logrado la administración federal a su cargo:

 

Se redujo en 94 por ciento el robo de combustibles, lo que permitió la recuperación de 50 mil millones de pesos —aunque el costo de esa afronta también fue de 137 muertos en Tlahuelilpan, Hidalgo—; la política de austeridad logró el ahorro de 145 mil millones de pesos; se eliminó la erogación de 6 mil millones de pesos para el pago de seguros de gastos médicos; se impulsó la recuperación del campo y el sector agrícola con la plantación de un millón de hectáreas de árboles en el sur del país —resultado del acuerdo con Agromod, empresa propiedad de Alfonso Romo, actual Jefe de la Oficina de la Presidencia— y la entrega de 147 mil toneladas de fertilizantes, entre otras cosas; se abrieron 100 universidades públicas del Sistema Educativo Benito Juárez que han matriculado a casi 40 mil estudiantes; se han otorgado más de 10 millones de becas a alumnos de educación básica; aumentó 16 por ciento el salario mínimo, se han entregado 7 millones 500 mil pensiones mensuales con valor de 2 mil 500 pesos a adultos mayores —medida que, en términos reales, no frena y ni revierte su condición de pobreza—  y se crearon 300 mil nuevos empleos, además de los 930 mil de carácter temporal —y aparentemente paternalista con la iniciativa privada— que se han generado a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

 

Y los temas de mayor polémica también se transformaron en sumas, cantidades y valoraciones positivas:

 

Tres años para resolver la saturación del aeropuerto internacional, 100 mil millones de pesos ahorrados por la cancelación del proyecto de Texcoco y cero deudas respecto a los bonos del mismo; “aunque poco, la economía está creciendo, no hay recesión —el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró en septiembre de este año que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) es 0.3% mayor al de agosto-2019 pero 0.3% menor al de septiembre del año pasado—“, por el contrario, “hay más desarrollo y más bienestar”; se han otorgado 10 mil 800 apoyos para vivienda —aunque ello ha implicado, por un lado, la ruptura con numerosas organizaciones sociales y, por otro, el posible engrosamiento del padrón clientelar—; y se creó la Guardia Nacional, institución creada “para garantizar la seguridad pública” que ya ha desplegado a 70 mil elementos —y que encontró protagonismo en la misión de cierre y resguardo de la frontera sur del país frente a las caravanas migrantes— en 150 coordinaciones de las 266 que constituyen el territorio nacional.

 

“[…] Quiero agradecer el apoyo y la lealtad de los soldados y marinos que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos y con el uso adecuado, regulado de la fuerza. No olvidemos: el marino y el soldado es pueblo uniformado”, dijo el mandatario al discursar sobre la Guardia Nacional, pilar de su proyecto de gobierno en materia de seguridad. Y nada más.

Su discurso requirió 8 mil 436 palabras

La revista Expansión ofreció una “radiografía del primer informe”, en la que se contabilizaron 36 pausas de aplauso, 5 menciones a la palabra “cambio”, 4 repeticiones de las palabras “corrupción” e “inseguridad”, 2 momentos para hablar sobre “impunidad” y 1 vez para pronunciar la palabra “orgullo” durante los 95 minutos de un discurso que requirió 8 mil 436 palabras. Esta métrica, a reserva de apuntar el inevitable sesgo editorial, ofrece un retrato numérico que logra, siquiera someramente, matizar la retórica presidencial y hace notar que el presidente ocupó sólo el 0.04 por ciento de sus palabras para referirse al pendiente histórico que prometió revertir: inseguridad.

Seguridad; la cuenta pendiente

Mientras tanto, apenas a unas calles de distancia, una marcha “cívica” convocada y encabezada por Julián LeBarón y líderes de la oposición —de esa oposición que, cabe recordar, ya ocupó el poder y desde ahí provocó, financió, legitimó y justificó el actual baño de sangre que vive el país— caminaba hacia el Monumento a la Revolución de avenida Juárez con el propósito de exigir, irónicamente, seguridad y crecimiento económico.

 

El 18 de octubre el gobierno de López Obrador recibió un torbellino de fuerza proveniente del crimen organizado, poder de facto que la tarde de ese día demostró en las calles de Culiacán, Sinaloa, su poderío. En un enfrentamiento armado que bien podría leerse como un reto abierto a las fuerzas de la Nación, miembros del Cártel de Sinaloa lograron la liberación del hijo de “El Chapo”, quien había sido detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud.

 

Ni bien pasaron tres semanas cuando la familia LeBarón perdió de golpe a 9 de sus integrantes, víctimas de una masacre perpetrada presuntamente por un grupo del crimen organizado en el municipio de Bavispe, Sonora. Este hecho ha provocado que, en el terreno de la opinión pública, al menos, los resultados de la política de seguridad se juzguen insuficientes y alarmantes.

Si bien la percepción de inseguridad entre los mexicanos disminuyó hasta alcanzar al 71.3 por ciento de la población nacional, la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reveló que existen zonas en las que el porcentaje de personas que consideran que vivir en su cuidad es peligroso asciende a casi el cien por ciento, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró, hasta octubre de este año, la cifra de 24 mil 484 homicidios dolosos

 

De acuerdo con el último reporte de incidencia delictiva elaborado por el SESNSP, el 2019 ha acumulado más de 200 mil casos de delitos contra la vida y la integridad corporal, de los cuales 809 han sido feminicidios.

 

En el mismo periodo se han contabilizado 43 mil 187 casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, poco más de 857 mil delitos contra el patrimonio (robos, fraudes, extorsiones, etcétera), 8 mil 359 casos de delitos contra la sociedad (corrupción de menores, trata de personas y otros) y 360 mil 88 delitos “contra otros bienes jurídicos afectados”, categoría que incluye narcomenudeo, amenazas, falsificación, faltas electorales y actos cometidos por servidores públicos, entre otros.

 

Son estas cifras el resquicio político y policial que el gobierno estadounidense ha encontrado para manifestar su interés de “colaborar” con las autoridades mexicanas para que, al estilo de la guerra calderonista, se enfrente a los cárteles del narcotráfico.

 

A un año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador tiene de frente el reto de lograr la anhelada pacificación que requiere el país, pues la crisis de seguridad que atraviesa el país es un hecho que no puede ni debe ignorarse. Sin embargo, la visión reduccionista que coloca a la situación de pobreza como origen casi exclusivo de la criminalidad rampante debe sustituirse por aquella que coloca a la desigualdad económica como parte de un todo en el que confluyen múltiples aristas: desde la vulneración histórica de los derechos sociales hasta la corrupción y la impunidad.

 

Las cifras hablan, la violencia no para y el tiempo corre. La realidad nos muestra que, a pesar de los millonarios recursos que se destinan a reducir la brecha de la desigualdad, éstos no logran la permeabilidad necesaria, pues la esencia no sólo es erradicar la pobreza, sino proveer calidad de vida.

 

El cambio de paradigma es una urgente necesidad en la que no hay espacio para simulaciones. Transformar al país es una labor titánica en la que deben unirse la participación activa de la ciudadanía, el diálogo con los sectores afines al cambio pero excluidos de los planes transformadores, la dignificación de los cuerpos de seguridad pública y el ejercicio crítico, democrático y transparente del gobierno en todos sus niveles.