La autonomía universitaria es un concepto vacío; un tejido de ideas que se llena en la acción

Precepto legal de la autonomía

La autonomía universitaria es una categoría fundamentalmente histórica, que gravita entre los márgenes de la clara y concisa definición jurídica, hasta la acalorada discusión filosófica y política. Es esencialmente histórica, porque al igual que el conocimiento, es ante todo una búsqueda y no el paliativo refugio de alguna verdad descubierta. A simple vista pareciera una maraña de conceptos[1], pero que diseccionados, para luego volverlos a urdir, adquiere su entrañable forma, más parecida a una telaraña en la que descansa un centenario de vida universitaria.

Para no perdernos en este laberinto conceptual, partiremos de lo evidente, que en este caso es su delimitación jurídica, que junto con la guía ofrecida por el discurso de Justo Sierra, en la inauguración de la Universidad Nacional (1910), nos servirán para destejer el complejo nudo de conceptos que se entrelazan en esas dos palabras que en esencia podrían fungir como sinónimo de la mayor casa educativa del país: autonomía universitaria.

En su libro clásico sobre el tema (La autonomía universitaria), Jorge Pinto Mazal menciona que: “La autonomía es la facultad que el Estado otorga a la Universidad a través de una ley, para dictarse a sí misma las normas que rijan su organización y vida interna, sin la intervención de éste. Podemos dividir en tres renglones esta facultad: el académico, el de gobierno y el financiero.” p.17.

Lo que nos dice esta definición, es que la autonomía universitaria radica en la capacidad legal de la institución para crear sus propias normas y legislación, así como la modificación, implementación y reforma a sus planes de estudio, sin la intromisión de algún poder o institución externa. En lo tocante al gobierno, la disposición formal procura la independencia frente al Estado para designar a quienes serán sus autoridades de gobierno universitario, como el Rector, o los directores de las dependencias.

Sobre su aspecto financiero, la institución tiene la facultad legal para disponer de sus recursos económicos, según lo considere oportuno para cumplir con sus tres tareas sustantivas: docencia, investigación y difusión de la cultura. Al mismo tiempo, no está obligada formalmente a una auditoría financiera por parte del gobierno; sin embargo, la Universidad Nacional entrega su cuenta anual en el mes de marzo, como una obligación moral con la nación.

La autonomía necesariamente tiene que emanar como ley, por lo que ninguna institución se la confiera así misma, sino que es a través del poder legislativo, en la creación de una ley o plasmada en la Constitución. Hasta aquí todo parece sencillo, pero ninguna norma o ley está desprovista de contexto; ni en su origen, ni en su aplicación.

Antecedentes y contexto

Las universidades son instituciones creadas en la Edad Media, pero obtuvieron su autonomía formal -como concepto moderno-, a partir del siglo XIX. La primera fue en Alemania, precisamente en el país de la filosofía kantiana, por lo que tampoco es casual, que la primera universidad latinoamericana en obtener su autonomía haya sido la de Córdoba, Argentina (1918), ya que hubo una fuerte migración de profesores alemanes del área físico-matemáticas a la Casa de Trejo a finales del siglo XIX.

1929 fue un año axial en México. Se funda el Partido Nacional Revolucionario, hubo elecciones federales, producto del magnicidio del presidente electo, Álvaro Obregón, y el crac económico en Wall Street se cernía sobre la economía mexicana. Por lo que la huelga estudiantil en la Universidad Nacional, estallada en mayo de ese año, obligaba una salida pronta al conflicto. El Presidente interino, Emilio Portes Gil, lo resolvió con la propuesta de otorgamiento de la autonomía universitaria, para sorpresa de muchos, ante la presión ejercida por las movilizaciones estudiantiles que demandaban algo muy distinto al inicio de la huelga

La demanda de autonomía universitaria para la mayor casa educativa del país, estuvo presente desde el primer día de su fundación, en el discurso de inauguración del 22 de septiembre de 1910, pronunciado por Justo Sierra, así como en iniciativas de ley que enviaron al Congreso, universitarios ilustres como Ezequiel A. Chávez en 1913, y Félix Palavicini en 1914, por mencionar algunas, sólo que no fue posible concretarla hasta finales de la década del veinte, es decir, hasta que hubo condiciones para su obtención, que igual hay que decirlo, la autonomía de 1929 fue relativa.

En lo referente a la designación de rector -en la Ley de 1929-, se planteaba que fuese a través de una terna propuesta por el Presidente de la República al Consejo Universitario de la Universidad, según el inciso “d” del artículo 13 de dicha ley. La autonomía legal, plena de gobierno será la de 1933, aunque habría de pagar con la supresión de su cualidad como nacional; para el Estado emergente de la Revolución, la Universidad no era la apuesta educativa para el desarrollo nacional, en aquellos años.

El discurso inaugural de Justo Sierra; una guía perenne

El discurso inaugural de Justo Sierra en 1910, permitió aquilatar el proyecto educativo recién fundado. Estoy convencido de que su ausencia, hubiese llevado hacia otro rumbo a la institución. La Universidad pudo sobrevivir al maremoto revolucionario, a dos meses de su creación, por distintas razones históricas, una de ellas, fue que durante el porfiriato se consolidó una élite intelectual, a la altura de un proyecto educativo de esa envergadura, pero sobre todo, en condiciones para formar a una generación de sabios, capaces de consolidar una fuerte tradición intelectual.

Ya frente a los gobiernos pos-revolucionarios, esa élite mantuvo vivo el proyecto educativo, porque les representó un refugio para sobrevivir en el vaivén político, sin olvidar que por mucho que fuesen contrarios al levantamiento armado, a la “anarquía” que les representaba las masas organizadas, una vez que se requirió hacer gobierno, la nueva clase política tuvo que echar mano de esa élite ya formada, especializada. Se imbricó entonces con el nuevo poder político, lo que benefició a la Universidad para conseguir sustento económico, incluso en momentos en que el Estado le retiró formalmente su apoyo financiero.

Pero todo lo anterior, de poco hubiese servido, sin la guía, el ethos que representó el discurso de Justo Sierra, mismo que sirvió para aglutinar a ese grupo egregio, en una identidad intelectual que gravitó en torno a un ideario concebido en ese profundo discurso, vigente hasta nuestros días.

La etapa de consolidación de la Universidad (1910-1945) hubiese culminado en algo distinto de no haber existido ese discurso en el que Justo Sierra logra atalayar muy por encima del porfiriato, pues intuye el derrumbe del régimen, por eso apuesta por un proyecto duradero, en el que abandona el positivismo y deja sembrada la semilla de la autonomía, la libertad de pensamiento y el compromiso social -la mexicanización del saber dirá Sierra-.

El principio de autonomía política

La definición legal es clara, pero no suficiente. En principio, técnicamente la policía puede entrar al campus universitario, ya que no se trata de una extraterritorialidad al margen de la Constitución ni del territorio nacional; la autonomía contenida en la Ley Orgánica de 1945 no es la conformación de un orden jurídico, ni por encima, ni al margen de la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Entonces por qué cada vez que la policía pone un pie en el campus, se dice que se viola la autonomía universitaria?

La respuesta es histórica. Lo que se lastima cuando entra la policía, es su dimensión simbólica, no jurídica. Las palabras, y sobre todo una tan simbólica como autonomía, son historia, poder. Este imaginario de autonomía política fue construido en 1968, cuando se dio la fractura entre el régimen autoritario y la Universidad. Aquel 30 de julio de 1968, cuando el ejército irrumpió en la preparatoria 1 con un bazucazo, no sólo rompieron la puerta colonial, sino el lazo entre el Estado y la institución. Quedó asentado el principio político de que los conflictos internos, deben resolverse desde dentro, sin la intervención del Estado. Los universitarios lograron con ello, su mayoría de edad política.

En anteriores ocasiones el gobierno había hecho uso de algún cuerpo represivo contra el sector estudiantil, en 1929 los bomberos disolvieron una manifestación de estudiantes en huelga, y el bazucazo tampoco será la última ocasión, ya que ese mismo año de 1968 el ejército tomó las instalaciones de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre. Nueve años más tarde, en 1977, la policía de nueva cuenta irrumpió en el campus para romper la huelga de los trabajadores, así como la toma de las instalaciones en 1999 contra el Consejo General de Huelga, que defendió la gratuidad educativa.

Superar la tutela del Estado, atraviesa entonces por repeler el uso de sus cuerpos represivos. Asumir la libertad de conciencia es asumir una autonomía política, hacernos responsables de dirimir y resolver nuestros conflictos internos sin la intervención del poder estatal. Esa fuerza innecesaria en un espacio del saber; en el que debe imperar el diálogo y la concertación.

Pensar sin red

No creo en la inocencia del conocimiento. Toda invención tecnológica responde siempre a un contexto histórico; condicionado por intereses de clase, grupo o personales. La imposibilidad de la objetividad o neutralidad científica es algo que filósofos como Foucault o Bourdieu, han demostrado. Sin embargo, tampoco creo en la politización del saber. Pues el conocimiento para ser, debe respirar en libertad, de lo contrario, se marchita. Cuando se escribe en libertad se es un intelectual, cuando se hace por consigna se es un plumífero.

El filósofo alemán Immanuel Kant, menciona en su ensayo clásico ¿Qué es la Ilustración? “Es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro.” Es hacerse responsable de la interpretación y acción en el mundo, sin recurrir a una verdad preestablecida. Es pensar sin red.

Instituciones como la Universidad necesitan desembarazarse de la tutela del poder. Requiere del autogobierno porque la búsqueda del conocimiento así lo amerita. Las bases filosóficas de la autonomía universitaria, reposan precisamente en la premisa de secularización de la Modernidad, cuando el ser humano puso en el centro de su vida pública a la razón. Con ello se consolidó un discurso de libertad en todos los aspectos de la vida social.

La autonomía universitaria no sólo es una herencia de la Modernidad, es una de sus hijas más nobles. La secularización del Estado frente a Dios, dio como correlato la independencia del conocimiento frente a un poder religioso o político. Sólo así fue posible el crecimiento exponencial del saber en los últimos tres siglos; en condiciones de libertad.

La autonomía filosófica alimenta la autonomía política, pues el fundamento moral de ésta última se encuentra en la premisa de que los universitarios somos capaces de resolver nuestros conflictos, como mayores de edad, desde una concepción kantiana.

La mexicanización del saber

Autonomía, al igual que la libertad, son conceptos vacíos. Sé es libre para qué. La libertad obliga responsabilidad; es un sentido de búsqueda, pero que por sí misma no encuentra nada. Luego entonces, la responsabilidad es encontrar el sentido del conocimiento, por eso, cuando hablamos de autonomía universitaria, también significa pensar para qué preservar (docencia), ampliar (investigación) y difundir el conocimiento.

Toda Universidad que se precie de tener madurez institucional, atravesó por una crisis interna en la que se debatió el rumbo del proyecto educativo. La Universidad Nacional la tuvo entre 1933 y 1945. Una vez obtenida su primera autonomía, devino un intenso debate interno entre quienes consideraban que la institución debía asumir como filosofía única el materialismo histórico, para convertirse en un factor decisivo de transformación nacional, y quienes apelaban a la libertad de cátedra.

En 1933 se llevó acabo uno de los debates educativos más importantes, profundos y legendarios del país, entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano. Después de una huelga estudiantil en la que se derrotó y expulsó a Lombardo Toledano, fue desterrado el planteamiento de que la Universidad fuese socialista, como lo sería la educación básica, en el artículo tercero constitucional; sin embargo, la semilla de un mayor compromiso social de la Universidad echaría profundas raíces.

Alejandro Gómez Arias, uno de los líderes estudiantiles de 1929, describe magistralmente la relación indisoluble ente autonomía y el compromiso social:

¿Qué es la autonomía? La autonomía, como la libertad de cátedra, como el libre albedrío, es un concepto vacío que es preciso llenar, día con día, con la acción. Ser libre no tiene sentido si no nos preguntamos para qué se es libre. Ser autónomo en el caso de instituciones como la Universidad solamente plantea una interrogación todos los días: ¿Para qué la autonomía? Nuestra generación y algunas de las posteriores la han signado como una fórmula, a la vez simple y complicadísima: autonomía para servir a la nación, al pueblo de México.

Su “N” de nacional sustenta su autonomía, su presupuesto público y su sentido de existencia. Mismo que se mantiene abierto a las diferentes generaciones de universitarios, pues servir al pueblo de México será siempre una duda histórica. Servir cómo y para qué.

De todas las posibles respuestas sobre ésta última interrogante, me convence y suscribo la de la generación de finales del siglo pasado; aquella que apostó por la defensa de un modelo de Universidad pública, laica, gratuita, de masas y de calidad. Que demostró la falacia dicotómica entre gratuidad vs calidad. Por lo tanto, es menester reconocer los problemas, límites y vicios a los que se enfrenta hoy la autonomía universitaria desde este modelo educativo, el cual muchos defendemos.

Los límites, problemas, vicios y retos de la autonomía universitaria

Autonomía y financiamiento

Su carácter público y gratuito es una encrucijada. Es un aspecto esencial del modelo, pero al mismo tiempo, su talón de Aquiles; sostener un proyecto educativo de la magnitud de la UNAM, es incluso más costoso que el presupuesto de algunos estados de la República como Tlaxcala o Colima. Sus ingresos propios representan tan sólo un 12% del total de sus recursos anuales. El resto, proviene de la Federación. La inversión económica por parte del Estado mexicano está justificada desde el carácter social de la educación. Es decir, la educación es un bien social; educar contribuye a una mejor vida democrática, al desarrollo económico y la empatía humana.

No hay, no existe otra forma de sostener un proyecto educativo tan grande y que garantice la gratuidad educativa sin que dependa de una inversión financiera estatal casi en su totalidad. Por lo que en esa relación entre la Universidad y el Estado, permeará siempre una tentación de intromisión del poder, en la vida universitaria. Por lo tanto, esa dependencia económica de la institución, es uno de los límites de la autonomía universitaria. El primer gran crecimiento económico de la Universidad se dio en el rectorado de Nabor Carrillo, en la década de los cincuenta, periodo en el que se inició la sospecha de la venia presidencial para la designación de los rectores.

Incidir en la máxima casa de estudios representa tanto como disputar una gubernatura, por los recursos económicos, el peso moral de la Universidad en la sociedad mexicana, su imbricación con el poder.

Por otro lado, mantener su crecimiento presupuestal es fundamental para evitar problemas políticos internos, por eso, la élite universitaria prefiere muchas veces aceptar un acuerdo tácito con el poder, sobre algunos aspectos de su gobierno. Aunque la relación financiamiento-política no es unilateral, también interfieren otros aspectos como la ideología. Así sucedió en 1982, cuando el presupuesto universitario se desplomó con la llegada de los neoliberales al poder. No es casualidad que en 1986 hayan querido privatizarla.

Autonomía y seguridad

La Universidad Nacional enfrenta hoy un problema de inseguridad y violencia dentro de sus campus. Su autonomía, entendida con toda la complejidad anterior, obliga un esfuerzo superior por parte de quienes la dirigen y también por parte de todos los universitarios, para superar esta crisis de seguridad.

La autonomía nos confiere una libertad y una mayoría de edad, que en su contraparte se vuelve una enorme piedra sobre nuestros hombros. Sí, hay que defender nuestra libertad y mayoría de edad política, pero hacerlo significa construir comunidad, hacernos responsables, ceder para obtener.

La carencia de un debate público sobre estos temas, ha generado un punto ciego, del que nadie habla pero todos sabemos –parecido al traje del rey desnudo-, como el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras. La transición de la venta de droga en el campus central, empezada en 1968, pero que con el asesinato de Eduardo Valderrama en 2009, mutó de los distribuidores solitarios por escuela, a la instalación y hegemonía de un cartel; del crimen organizado en todo el campus.

La propuesta que salva la autonomía política, los derechos laborales de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad sin la intromisión policiaca, es la profesionalización del cuerpo de vigilancia, planteamiento que requiere un documento aparte, para su pleno desarrollo y justificación. Sólo enuncio que cuando exigimos mejores condiciones de seguridad a los responsables de garantizarla, dicha demanda (legítima) debe ir acompañada de una propuesta que resguarde la esencia de la institución, pero también aporte.

El tejido de la autonomía universitaria

Esas dos palabras (autonomía universitaria), para referirse a la mayor casa educativa del país, entrañan mucha historia, contienen múltiples dimensiones. Por eso, propongo el siguiente esquema conceptual para entender su complejidad.