Desalojados de Chiapas, acampan afuera de Palacio Nacional
Fernando Gorostieta
El pasado 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo el desalojo de integrantes del MOCRI-CNPA-EZ (Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Emiliano Zapata) debido a que estaban ocupando un predio de aproximadamente 15 hectáreas de manera ilegal, según la Fiscalía General del estado (FGE), ya que este grupo había invadido el predio. Así lo dieron a conocer algunos medios.
El viernes 19 de abril de 2019, un grupo de 30 miembros del MOCRI-CNPA-EZ (que acampan afuera de Palacio Nacional) entre los cuales se encuentran cinco mujeres, dieron su versión acerca de los hechos, para la revista consideraciones.
Para poner en contexto la situación mencionemos que ellos refieren que su movimiento cuenta con 28 años de historia y se dedica a la agricultura y con base en la organización social, compran predios, para luego dividirlos y construir casas para que la gente de bajos recursos tenga acceso a una vivienda digna con trabajo honesto.
El grupo MOCRI-CNPA-EZ, realizó un convenio de compra-venta con el Sr. Walter Servando Ubaldo Esquivel, cerca del “Mirador Los amorosos” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, específicamente la Col. Chapultepec KM 2.5. En fecha desconocida la exdiputada Priista María de Jesús Olvera Mejía reclama la propiedad de dicho predio. Cabe mencionar que la exdiputada tiene una hija de nombre Haydee Ocampo Olvera quien estuvo involucrada en delitos como la falsificación de documentos, despojo, asociación delictuosa, amenazas, fraude agravado, además de tráfico de Influencias al buscar despojar de 48 hectáreas de tierras al empresario chiapaneco, José Luis Orantes Aramoni.
Con la finalidad de esclarecer la situación, el 14 de marzo de 2019, se llevó a cabo una reunión entre algunos militantes del MOCRI-CNPA-EZ, el sr. Walter Servando Ubaldo Esquivel, La exdiputada priista María de Jesús Olvera Mejía y el Secretario de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos en la Fiscalía General del Estado. En dicha reunión se presentaron tanto el convenio de compra-venta, los documentos de propiedad que presentó la exdiputada y dos presuntos dueños más del mismo predio, además el sr. Walter Ubaldo, presentó documentos que avalan que el gobierno realizó pagos a su favor cuando se construyó la parte del Libramiento Norte, la cual pasa por el predio en cuestión. Al finalizar la reunión (aproximadamente a las 11:30 PM de ese día), no hubo ningún fallo a favor de nadie. Los habitantes de la Col. Chapultepec KM 2.5 se fueron a sus casas después de dicha reunión.
Aproximadamente a las 6:00 AM del día 15 de marzo de 2019, se empezaron a escuchar gritos de que la policía venía a desalojarlos (presumiblemente ordenado por el Secretario de Gobierno). Según la versión que dieron los miembros del Movimiento, los policías llegaron a desalojarlos con lujo de violencia y atacándolos con gas lacrimógeno. Resultando detenidos en este evento 7 personas, en su mayoría de la tercera edad. Los demás se libran de la detención y comienzan a organizar una marcha con dirección a Palacio de Gobierno para que se les dé una explicación de lo ocurrido. A mitad del camino aproximadamente (afuera de la plaza comercial “Plaza Sol”) los intercepta un comando de policía, que viene acompañado por lo que presuntamente es un grupo de choque que consta de personas encapuchadas, mismas que se dedican a hacer vandalismo en la plaza y ayudados de algunos miembros de la policía municipal saquean las tiendas de la plaza comercial (culpando posteriormente a los desalojados), mientras los policías golpean y detienen a más miembros del movimiento, en este nuevo enfrentamiento, los vecinos refieren que los policías dieron muerte a uno de los desalojados (de nombre Eugenio Gutiérrez Pérez) a golpes y quedan desaparecidas otras dos personas cuyos nombres son Javier Sánchez Pérez y Raúl Hernández Hernández, además quedan detenidas otras 27 personas para hacer un total de 34 detenidos ese día. A estos detenidos los llevan directamente al Amate (CERESO #14 de Cintalapa Chiapas), sin pasar por el MP.
Algunos vecinos se resguardaron a la Colonia Emiliano Zapata, en donde también tiene injerencia el MOCRI, otras personas no tuvieron a donde llegar y a partir de esa fecha, se han llevado a cabo desalojos en siete colonias más por el mismo motivo. Según cuentan los agremiados al movimiento, los policías se han dirigido a los habitantes de estas colonias, diciéndoles que los acompañen para realizar declaraciones y que de esa manera la situación se solucione, pero una vez que suben a las patrullas los llevan directamente al CERESO, detenidos, y hasta el día de hoy se cuentan 118 personas encarceladas, entre las que figuran mujeres y personas de la tercera edad. Las demás fueron desalojadas, algunas están viviendo en la calle y otros más rentan viviendas de aproximadamente $300.00 al mes, en las cuales se acomodan hasta 5 o 6 familias.
Aunado al desalojo, el Gobierno del Estado mandó a demoler 15 escuelas (5 Kínder, 5 primarias y 5 secundarias) las cuales ya contaban con matrícula de la SEP.
Las 30 personas que acampan afuera de Palacio Nacional llegaron con la finalidad de encontrar apoyo por parte del Gobierno Federal para recuperar sus casas y comentan que, de no tener el apoyo, solicitarán que vengan más personas de su comunidad, que suman alrededor de 2mil, con la finalidad de que haya una presencia más notoria y se desahogue la situación de manera satisfactoria y bajo el marco Jurídico correspondiente.
