El Tren Maya: ¿Una vía hacia el desarrollo?

Un proyecto bastante apresurado y sin suficientes estudios previos. Con esta frase podemos resumir una de las iniciativas clave para la nueva administración federal en México. El Tren Maya (oficialmente nombrado Tren Transpeninsular), despierta muchas inquietudes entre la comunidad científica y organizaciones de derechos humanos, así como entre las propias comunidades por donde correría el tendido ferroviario.

Defensores contra opositores

El principal defensor del Tren Maya es Andrés Manuel López Obrador, presidente de México desde diciembre de 2018. Parte de su discurso y sus promesas de campaña se centraron en detonar el crecimiento económico y el desarrollo en la región sur-sureste del país, la cual presenta importantes rezagos a nivel económico y social en comparación con el resto del territorio nacional.

El 16 de diciembre del año pasado, tras una ceremonia para pedir permiso a la Madre Tierra, se anunció el inicio formal de las operaciones de construcción y remozamiento de la vía del tren, el cual correrá de Palenque en el estado de Chiapas hasta Cancún, con dos rutas propuestas, una por el Golfo de México pasando por las ciudades de Campeche y Mérida, y la segunda por Calakmul hacía Tulum y Playa del Carmen, de manera paralela a la franja costera de Caribe Mexicano.

Se hizo público además el monto autorizado en Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, el cual asciende a 6 mil millones de pesos para la primera fase del Tren Maya.

A partir de entonces, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), ha emitido una serie de posicionamientos en los cuales reafirma la postura del Gobierno Federal a favor del Tren Maya. Jiménez Pons, ha afirmado por ejemplo, que este proyecto busca claramente poner fin a las políticas conservacionistas en el país, dado que a consideración suya, éstas han generado únicamente pobreza y exclusión, por lo que cualquier impacto del Tren Maya sobre los ecosistemas se encuentra debidamente justificado.

Por otra parte, los argumentos para una mayor revisión a este proyecto son tanto de carácter social como ambiental. Por destacar un caso, Julia Carabias Lilo, quien fuera secretaria de medio ambiente hace más de dos décadas y renombrada ambientalista miembro de El Colegio Nacional, apunta que el Tren Maya tiene en su diseño actual un cruce a lo largo de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, la cual es una de las selvas tropicales mejor conservadas de nuestro país y un referente internacional por el manejo sustentable de sus recursos naturales.

Las voces disidentes también señalan que el Tren Maya lejos de representar una oportunidad para el desarrollo económico de las comunidades indígenas, por donde cruzaría el tendido ferroviario, contribuirá, por el contrario, a continuar reproduciendo el modelo de turismo globalizado a gran escala y con ello a aumentar la brecha de desigualdades existentes en esta región del país.

Además del riesgo natural y social existen alertas respecto al impacto en el patrimonio arqueológico en la zona sur del país. Las vibraciones de un tren de alta velocidad podrían poner en riesgo las frágiles estructuras arquitectónicas de sitios de incalculable valor histórico. El incremento masivo de turistas en la región requiere conocer a detalle la capacidad máxima de carga de los sitios arqueológicos a lo largo del recorrido del tren a fin de garantizar su salvaguarda para las generaciones presentes y futuras.

Algunas reflexiones al respecto

Se requiere, en primer lugar, estudios de impacto ambiental y social con el suficiente rigor técnico. Es necesario conocer con mayor detalle los impactos aquí señalados, las medidas de mitigación de daños previstos, así como mecanismos de gestión de riesgos asociados al proyecto en temas críticos, por ejemplo, la provisión de agua, en la cual las áreas naturales como Calakmul juegan un papel clave.

En segunda instancia, es necesario llevar a cabo una consulta formal a las comunidades involucradas en la ruta por donde se prevé que pase el tren en apego a los principios del derecho internacional sobre comunidades indígenas y patrimonio biocultural, contemplados en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ambos instrumentos firmados y ratificados por México, lo cual obliga a su cumplimento en el territorio nacional.

De incumplir con estas dos líneas de acción se corre el riesgo de repetir casos como el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). Pues al iniciar obras sin contar con el suficiente rigor técnico ni con el consenso de las comunidades involucradas, derivó en la cancelación del proyecto.

Si de verdad se persigue la justicia hacia las comunidades y pueblos del sur del país, este tipo de errores no tienen cabida en un gobierno que se asume como progresista y de izquierda. En ese sentido es ineludible su responsabilidad en términos sociales y ambientales, de lo contrario, la denominada Cuarta Transformación no habrá sido más que un discurso para ganar la elección presidencial.