AMLO y la injusta desigualdad salarial en México

Hace unos días el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su gobierno iniciara una austeridad republicana, lo cual significa que bajará los salarios de los altos funcionarios públicos, iniciando por el que él mismo tendrá, lo cual significa que ganara menos de la mitad de lo que recibe mensualmente el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Lo anterior ha desatado el enojo de diversos grupos, como el del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luís María Aguilar, quien percibe un salario de $651,741 mensuales, a estos hay que sumarle otras prestaciones que incluyen la ayuda por anteojos y seguro de vida, teniendo un ingreso bruto anual de $6,938,234.

María Aguilar sostiene que el alto salario que percibe es para evitar “presiones internas ni externas que doblen la vara de la justicia”, en otras palabras, menciona que al bajarse los salarios de los magistrados estos podrían corromperse al momento de ejercer su labor como jueces.

Pero la propuesta de AMLO va más allá, pues será el salario del presidente el tope para que ningún otro funcionario perciba más allá de los $108,248 mensuales. Con lo cual los sueldos de diputados, senadores, gobernadores y demás altos funcionarios públicos tendrán que reducirse, con la promesa de que los sueldos de los funcionarios de medio y bajo nivel aumenten.

Y es que, por primera vez en muchos años la situación es inversa, pues mientras el salario de la mayoría de los mexicanos se ha quedado estancado, pues según el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Basilio González Núñez, quien percibe $173,620 al mes, ha justificado que un aumento al salario mínimo, generaría una inflación.

Desde tiempo atrás, estos excesivos privilegios han causado enojo al siquiera mencionarlo, el ex senador panista (ahora abrazado al priismo de la mano del excandidato presidencial José Antonio Meade), Javier Lozano, declaró que al bajarle el salario tendría que “¿robar o qué?”.

¿Pero en realidad estos altos salarios hacen inquebrantables y honestos a nuestros altos funcionarios?

En el año 2005, en vísperas de las elecciones presidenciales de México, se desató un gran escandalo en la política mexicana, la periodista Lydia Cacho, quien había escrito un libro en el que señalaba una gran red de políticos y empresarios que manejaban una red de pornografía infantil, fue detenida por ordenes del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín “el gober precioso”, que para aquel entonces tenía un salario máximo de 147 mil 183 pesos, esto sin contar las prestaciones.

Poco tiempo después se supo, que había existido un contubernio con el empresario textilero, Kamel Nacif, señalado por Cacho de formar parte del grupo de pederastas. Cabe señalar que éste mismo empresario había ordenado echar “pa´tras” una ley al entonces senador priista, Emilio Gamboa Patrón (con un salario bruto de poco más de 170 mil pesos mensuales.

Cabe señalar que el caso de Lydia Cacho tuvo una gran resonancia nacional e internacional, lo que provocó distintas manifestaciones en contra del abuso de poder por parte de las autoridades poblanas. Sin embargo, el entonces presidente Vicente Fox (que percibía un sueldo como presidente de $167,255 mensuales y ahora con una pensión de 205 mil 122 pesos mensuales, más otras prestaciones), solamente se limitó a pedir que se abriera una investigación.

El caso llegó a la SCJN, pero a pesar de las grabaciones telefónicas entre Nacif y Marín, las 1251 páginas de investigación del caso y los 377 expedientes relacionados con los delitos sexuales cometidos contra los menores y denunciados por la periodista. Declararon que en el caso de Lydia Cacho había existido un abuso de poder y quizás violaciones al debido proceso, pero habían sido violaciones menores, no graves y resarcibles.

El mismo ministro Salvador Aguirre minimizó el caso preguntándose: “Si a miles de personas las torturan en este país. ¿De qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”.

Lo anterior es muestra de la parcialidad de muchos funcionarios públicos, lo que deja abierta varias interrogantes: ¿Realmente el alto salario y la inmensidad de privilegios los han vuelto incorruptibles y con una labor honesta? ¿Su llegada a esos altos puestos públicos son realmente una acción de méritos o tiene que ver a un pago de favores políticos, compadrazgos o favoritismo?