De qué va la Ley de Seguridad Interior
18,000 ejecuciones y 24,000 asesinatos son algunas de las cifras con las que cerrará México el 2017, considerado el año más violento en su historia reciente. Mientras tanto, la solución que ofrece el poder Legislativo es un mero paliativo basado en una vieja estrategia: la militarización.
Con 76 votos a favor y 44 en contra, la madrugada del pasado viernes se aprobó la controvertida Ley de Seguridad Interior, propuesta por el panista Roberto Gil Zuarth, pese a las decenas de críticas que realizaron diversos expertos—nacionales e internacionales—alertando el peligro que traería su aprobación. Sin embargo, para sus defensores, dicha ley, no es más que un intento por mejorar la seguridad del país. No obstante, más allá de sus defensores y detractores, ¿Qué propone la Ley de Seguridad Interior?
Participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, operaciones disuasivas frente a amenazas para la seguridad interior, e intervención de todo tipo de comunicaciones, para efectos de investigación, son algunas de las facultades que otorga dicha ley. Poco o nada de lo anterior es nuevo, tiene más de siete años en venir operando; el sistema propuesto es la penosa secuela de la estrategia fallida del gobierno federal durante más de 2 sexenios. Luego entonces, la línea que separa la ley, del operar de las fuerzas armadas es, la legalidad.
Constitucionalmente, el Ejército y la Marina tienen por atribución la defensa del país ante una amenaza extranjera, o bien, la respuesta frente a una catástrofe o desastre natural. Sus atribuciones no resultaron problema alguno para su Comandante Supremo, cuando en el año de 2010, decidió sacarlas a las calles para combatir al narcotráfico, convirtiendo los municipios en cuarteles, y, las entidades en campos de batalla.
Oficialmente, el uso de efectivos se tildó de temporal, bajo el enfoque de un estado de excepción, en zonas del país, extraoficialmente representaba la permanencia de una medida paliativa para enfrentar el crimen organizado.
Realizar un análisis exhaustivo del crimen organizado, conlleva a remontarse a la década de 1980; En México, existió una apremiante configuración de cárteles, pero también, un increíble desarrollo de sofisticadas técnicas de cultivo, distribución y comercialización de la droga. Precisamente durante ese tiempo, se institucionalizó el combate al narcotráfico. Esto último en alianza con gobiernos extranjeros, principalmente, el norteamericano, el cual dotaba de cobertura material, técnica y humana al país.
Corrupción e infiltración de la delincuencia organizada en la seguridad pública, fueron algunos de los tantos factores que hicieron imposible terminar con la violencia y, acabar con la inseguridad. Con el transcurso de los años, el mismo escenario se repitió, en niveles mayores, agravando la situación.
Utilizar a las fuerzas armadas para dar seguridad al país es una estratagema obsoleta, legalizar su estadía en las calles, genera miedo e incertidumbre para la sociedad. Prueba de ello, es el encono que ha venido pregonando en los últimos días con marchas, denuncias y señalamientos que, se sintetizan bajo el lema: Seguridad sin guerra.
De la intervención de las comunicaciones privadas, reza el subtítulo de la sección primera, del capítulo uno, de la ley de seguridad. En ese apartado, se contemplan los distintos escenarios, las formas y los procedimientos para intervenir cualquier medio de comunicación, en el afán de realizar una investigación. Este quizá, sea uno de los rubros más polémicos, no sólo por su magnitud y trascendencia, sino también por el viejo debate que trae a colación, la inteligencia en México.
Inteligencia civil en México, es sinónimo de fallas estructurales y operacionales, corrupción y, deficiencias en el liderazgo del órgano de inteligencia civil nacional, el CISEN. Creado en 1989, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, es el responsable de realizar trabajos de inteligencia y contrainteligencia, para mantener la estabilidad y gobernabilidad del país, pese a ello, el Centro brilla por su ineficacia en la lucha contra el narcotráfico, además de ser señalado de realizar espionaje a ciudadanos en más de una ocasión. Al CISEN, la ley de seguridad le confiere un amplio margen de acción, pero, además, agrega elementos castrenses para la labor de inteligencia. Lo que representa un grave problema, puesto que, si la agencia gubernamental no esta a la altura que las circunstancias de seguridad demandan, es un peligro ampliar su margen de acción, pero, sobre todo, proveer de inteligencia militar al Centro, es exacerbar el problema de acoso, espionaje y ataque a los derechos humanos.
Aunado a todo lo anterior, la legislación, es una afrenta al federalismo, y un desequilibrio de los tres poderes, puesto que, si la administración federal, estuviera en busca de una verdadera solución, trabajaría en la creación de un mando único policial, y, en el fortalecimiento y depuración de los estados y municipios. Más no en la perpetuación del militarismo en las calles y la dirección de seguridad.
Está plenamente documentado, que las fuerzas armadas no son el órgano idóneo y eficaz para hacer frente al crimen organizado; sus deficiencias y, múltiples violaciones a los derechos humanos provocan debatir sobre su organización y funcionamiento.
La Ley de Seguridad Interior es un hecho, las respuestas se vuelven cada vez más inciertas, mientras que las preguntas más ciertas, sobre todo, frente a las elecciones del próximo año. Es trabajo de la sociedad civil, fijar el camino a seguir, mientras tanto, lo único que resta es esperar.
