La disputa por la Ciudad de México
Carlos A. Ventura Callejas
La reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, medianamente materializó la intención de consolidar una entidad que no dependiera del control centralista del poder del Ejecutivo Federal, y que, por otro lado, tanto colectividades como personas que habitan o transitan por la Ciudad de México vieran sus derechos plenamente reconocidos en una Constitución propia, y fuera un reflejo de las propuestas y apuestas ciudadanas por una Ciudad que se colocara como “punta de lanza” entre los proyectos políticos progresistas, teniendo como ejes los derechos humanos, la participación política, así como la sustentabilidad ambiental en las megalópolis.
Este proceso tiene un largo camino recorrido, por lo menos en este texto, damos cuenta desde 2012, cuando se convocó al primer grupo de integrantes de la llamada Unidad Política para la Reforma Política del Distrito Federal, que desde entonces presidía Porfirio Muñoz Ledo. Posterior a ello, y conforme avanzaron las discusiones entre los grupos de partidos políticos y los grupos en el poder, por lo menos desde personas con trayectorias propias en la defensa de los derechos humanos y en el campo de la academia y la investigación, se exigía que esta reforma política fuera con y desde la ciudadanía, que la Asamblea Constituyente, conformada en su totalidad por ciudadanas y ciudadanos fuera del circuito partidista, y distinta a la Asamblea Legislativa en funciones.
Asimismo, se volvió imprescindible cimentar la propuesta de que, entre los ejes principales de este proceso constituyente, estuvieran los derechos humanos y la participación ciudadana, por ello se requería la realización de un referéndum que validara el texto constitucional. Sin embargo, la reforma final que llevó a cabo el Congreso de la Unión careció de aspectos y procedimientos que organizaciones y movimientos sociales demandaron.
Se lograron parcialmente los objetivos que personas y organizaciones sociales impulsaron, pues el contenido que propusieron a legisladores era mucho más amplio y adecuado para un momento histórico para la Ciudad de México; por desgracia el Congreso no lo asumió así. Después de aprobada y publicada esta reforma, como organizaciones y personas apartidistas y pertenecientes a articulaciones sociales, reconocimos que lo que en realidad se nos presentaba era una disputa por la Ciudad, que se conforma por defender diversos espacios, ya sean espacios públicos, por ejemplo las calles para expresarse y protestar libremente, o bien en la institucionalidad basada en derechos que se había logrado; ejemplos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Programa de Derechos Humanos, el Instituto de las Mujeres de esta Ciudad, así como diversas instancias incluso encargadas de impartir justicia, como es el caso del Tribunal Contencioso Administrativo, no dejaban lugar a dudas de la cooptación de estos espacios por parte de grupos íntimamente ligados al régimen que actualmente gobierna la Ciudad, violentando incluso la autonomía de muchas de estas instituciones, y sosteniendo por el contrario, serios conflictos de interés entre quienes dirigen estas instancias, grupos de poder en el gobierno, y las partes quejosas que se presentan ante ellas.
También nos confirma esta disputa la crispada relación entre ciudadanía y el actuar de agentes de seguridad pública, así como el desarrollo de grandes megaproyectos urbanos que afectan a colonias y barrios enteros.
En este escenario se dio la reforma política del DF, que además de origen no halló legitimidad alguna entre la población; incluso, los pueblos y comunidades indígenas en esta Ciudad han denunciado el proceso, pues no se han visto reconocidos de manera incluyente y participativa. Entonces, algunas organizaciones sociales reflexionamos y optamos por disputar los contenidos de esa Constitución que auguran será una “piedra de toque” en los próximos años, para la realización de una vida digna de las generaciones presentes y futuras, y para el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de quienes habitan o transiten por la Ciudad de México.
En este sentido, la refuncionalización de la Ciudad, con base en una nueva Constitución, no puede quedar en el marco tan acotado de lo hegemonía que ostentan los partidos políticos y grupos en el poder, mucho menos, si pensamos que este proceso podría significar algún avance en la vida democrática de la Ciudad, por mínimo que parezca. Reconocemos que como organizaciones de la sociedad civil tenemos un espacio estrecho, acotado, para incidir en los contenidos del texto constitucional.
Sin embargo, es urgente que las colectividades sociales propongamos redacciones del texto constitucional, así como mirar, por posiciones, las vías más estratégicas para disputar también en el campo de la Asamblea Constituyente. La conformación del Consejo Asesor en el proceso de redacción de la Constitución, que será presentado por el Jefe de Gobierno a la Asamblea Constituyente, se erigió sobre una pluralidad que reconocieron ampliamente organizaciones y movimientos sociales de la Ciudad, asimismo entre personas que se han mostrado interesadas en el tema.
Aunque el Consejo Asesor tiene cierto reconocimiento, y podría efectivamente hallar confianza entre los diversos grupos de la Ciudad, surge también la preocupación en relación a que este Grupo no logre en efecto incidir en la formulación y redacción del texto constitucional. Por ello, y reconociendo a personas con trayectoria propia en los compas de la defensa de los derechos humanos, feminismos, cultura y ámbitos académicos, se hace necesario también generar mecanismos de sinergia e interlocución con estas personas integrantes del Consejo, con la finalidad de que a través de ellas y ellos, siendo conscientes que entre sus trabajos está la de recoger las inquietudes de la diversas de opiniones y propuestas en esta Ciudad, logremos apoyarnos, acompañarnos, en este proceso de creación de una Constitución para la capital de México.
Este tipo de trabajo de articulación pasa también, y muy importante, por intentar colaborar en articular y confluir entre las diversas fuerzas sociales, y sobre todo con aquéllos grupos que por lo general son obstaculizados, por diferentes razones, para hacer llegar sus propuestas al interior de espacios donde se discuten estos temas. Diversas organizaciones, colectividades y movimientos sociales, que nos hemos encontrado en este proceso, somos conscientes, en una base ética y política conforme a nuestros principios, que no legitimaremos nada que pudiera menoscabar o generar regresividad en materia de derechos ganados a lo largo de los años: apostamos por una constitución que reconozca ciertamente la diversidad en todos los ámbitos de la vida, los derechos humanos en su plenitud, la participación en la toma de decisiones de todas las personas y pueblos, y en contenidos que hagan posibles cambios culturales y de paradigmas que han lastimado la dignidad de las personas.
Por desgracia, también nos enfrentamos a la justificada apatía de un amplio grupo de habitantes de la Ciudad, a quienes no les interesa lo que suceda en torno a este proceso constituyente, sobre todo viniendo de instituciones de gobierno y partidistas que ahora se encuentran cuestionadas, y con justa razón. Por ello, no sólo podemos interpelar en estos trabajos a las ya conocidas organizaciones y movimientos, sino también a quienes día a día verían afectados a reconocidos sus derechos, para compartirnos la necesidad de disputar la ciudad a quienes ahora pretenden controlarla.
¿Cómo hacer posible la participación más amplia y generar tal coyuntura que el proceso se haga desde las voces y trabajos de las personas, organizaciones sociales, personas y grupos que transitan por este territorio, y pueblos y comunidades de esta Ciudad? Para ello, la creatividad, la opinión pública, la organización social, y el trabajo y reflexión colectiva, serán en gran parte lo que nos ayude a responder preguntas como esta. Por ahora, la disputa ha comenzado y tenemos que hacernos cargo de ella.
